Visita al centro. -EPDA La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, reclama más plazas en centros de dÃa y en residencias para personas con discapacidad y denuncia el daño de la Ley Celaá a los centros de educación especial y a las familias usuarias al abocarlos al cierre.
"Faltan polÃticas útiles que alivien a las familias y mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y esto no pasa por una ley que transfiere a los alumnos de centros de educación especial a los colegios ordinarios donde no pueden recibir un trato personalizado e individualizado como en los primeros. Además, esta ley, mal concebida desde el origen, atenta contra el derecho de libre elección de los padres que en el Partido popular defendemos por encima de todo", explica la portavoz del PP, Begoña Carrasco, tras visitar la Fundación Aspropace y agradecer a sus trabajadores la gran ayuda que prestan a las familias con niños con necesidades especiales desde bebés, hasta la edad adulta en residencias.
La visita de la portavoz Popular responde al compromiso adquirido tras la reunión mantenido, el pasado diciembre, con la Fundación Aspropace, Frater, Fundación Ateneu y AfanÃas, tras unirse todas ellas en un manifiesto, además de Fampa Castelló Penyagola, para denunciar la falta de recursos públicos por parte de la Generalitat y reclamar soluciones.
Piden que se atiendan las necesidades de personas con grave deterioro fÃsico y cognitivo que requieren, por su nivel de dependencia, una asistencia profesional e individualizada en centros especializados. "Vamos de su mano en su justa reivindicación, tienen todo nuestro apoyo". Carrasco ha visitado las instalaciones de la fundación Aspropace acompañada por la concejala del PP Susana Fabregat y por el diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez.
La nueva ley educativa LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, introduce cambios en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales amenazando la continuidad de los centros donde ahora son atendidos de manera personalizada e individualizada. El texto dice que estos alumnos han de incorporarse a los centros de educación ordinaria.
"La inclusión de las personas con discapacidad no puede pisotear el derecho a decidir en libertad que tienen los padres. Abogamos por la corrección de esta Ley que no ha tenido en cuenta a los afectados. Por otro lado, es urgente abordar la falta de plazas en los centros de dÃa para personas con discapacidad. En Castellón la demanda duplica la oferta existente y es igual de urgente abordar la búsqueda de soluciones para que a los 21 años estos jóvenes no se queden fuera del sistema educativo, quedarse en sus casas no puede ser su única opción", concluye.
