El
Acord de Fadrell propone para su aprobación en el pleno ordinario de este mes
una declaración institucional de apoyo a la proposición de ley orgánica que
regula la muerte digna. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló
(PSPV-PSOE, CompromÃs y Podem-EU) elevará a la próxima junta de portavoces la
propuesta para "dar apoyo a la iniciativa parlamentaria de la Ley orgánica de
Regulación de la Eutanasia que incorpora el derecho a una muerte digna como un
importante avance social en un Estado moderno". Asimismo, "insta a los
diferentes grupos polÃticos en el Senado a respaldar esta iniciativa para que
consiga el apoyo suficiente para su aprobación" y propone "remitir al Gobierno
de España y a los diferentes grupos polÃticos del Senado el contenido de la
declaración institucional para que tomen conocimiento y efectos".
La
declaración del equipo de gobierno recoge que la nueva ley, aprobada el pasado
17 de diciembre en el pleno del Congreso con amplia mayorÃa y que falta
ratificar en el Senado para que entre en vigor, "pretende dar una respuesta
jurÃdica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la
sociedad actual en relación con el final de la vida". "La eutanasia significa
etimológicamente buena muerte y se puede definir como el acto deliberado de
poner fin a la vida de una persona, producido únicamente por voluntad expresa
de la propia persona y con el fin de evitarle un sufrimiento", recoge la
declaración institucional.
El
portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE, David Donate, ha defendido la
aprobación de esta ley: "Es un derecho de las personas poner fin al sufrimiento
con libertad y autonomÃa, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles
a vivir en malas condiciones". "Defendemos la vida, pero no la obligación de
vivir cuando erosiona la integridad fÃsica o moral", ha recalcado el portavoz
socialista.
Para
el portavoz del grupo de CompromÃs per Castelló, Ignasi Garcia, esta es "una
cuestión pendiente desde hace muchos años que hay que afrontar, tanto desde el
punto de vista social como sanitario" porque "tenemos que defender el derecho a
una muerte digna, como decisión personal de los pacientes y de sus familias".
"Desde CompromÃs apoyamos la propuesta y pedimos su tramitación urgente tanto
en el Congreso como en el Senado", ha manifestado Garcia.
El
portavoz de Podem-EUPV Castelló, Fernando Navarro, ha celebrado la sensibilidad
del gobierno de coalición con la nueva ley y agradece "la labor reivindicativa
durante estos años de colectivos sociales, activistas y afectados". "La nueva
Ley de la Eutanasia garantiza el derecho a morir dignamente y propicia que
España refuerce su sistema de libertades y se sitúe con este derecho en la
vanguardia de Europa junto a Bélgica, Luxemburgo y PaÃses Bajos", ha añadido.
El
texto del Acord de Fadrell recoge la obligación del Estado de proveer un
régimen jurÃdico que establezca las garantÃas necesarias y de seguridad
jurÃdica. "Esta ley no va a suponer dejar a las personas bajo la influencia o
decisión de terceros, ya que cuenta con suficientes garantÃas éticas, jurÃdicas
y sanitarias. Esta ley es un derecho, no una obligación, para que se garantice
que nadie pueda ser obligados a utilizar esta vÃa para morir". "El derecho a
morir dignamente se regula con todas las garantÃas éticas y de seguridad
jurÃdica para asegurar que la decisión de la persona que solicita la muerte
digna sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el
tiempo, y no debido a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de
condiciones dignas, médicas, sociales o familiares para afrontar la situación",
detalla la declaración.
En esta lÃnea, el mismo texto de la declaración
institucional resalta que "esta ley es producto de un gran consenso social.
Desde hace tiempo que hay un espacio (voluntad social, polÃtica y apoyo
constitucional y jurÃdico) para legislar en España sobre el derecho a la muerte
digna. De hecho, el CIS aprecia en la sociedad española un importante apoyo a
la regulación legal de la muerte digna, ya que más del 70% de los españoles
estarÃan a favor de su regulación (7 de cada 10 personas)".