José Luis López, portavoz adjunto socialista en el Ayuntamiento de Castelló de la Plana. -EPDALa alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, "es un peligro para la ciudad porque ha 'conseguido' que el Defensor del Pueblo haya abierto una investigación contra nuestro municipio por alterar la Zona de Bajas Emisiones diseñada por el anterior gobierno socialista en la zona centro de la capital". El portavoz adjunto socialista, José Luis López, asegura que "las medidas populistas con las que ha aterrizado la señora Carrasco en el ayuntamiento nos puede llevar a perder nada menos que 11 millones de fondos europeos, lo que sería sin duda catastrófico para todos los y las castellonenses".
El Defensor del Pueblo, institución dirigida por Ángel Gabilondo, informó el jueves 30 de noviembre del inicio de actuaciones de oficio en 33 ciudades por incumplir, de distinta manera, la Ley de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones (ZBE), con restricciones para la entrada de los vehículos más contaminantes, con la meta de mejorar la calidad del aire a través de la reducción de gases y partículas en la atmósfera.
La investigación que ha puesto en marcha Gabilondo divide estas 33 localidades en tres grupos: las que no han iniciado los trámites para crear ZBE, las que tienes más de 300.000 habitantes y, en tercer lugar, aquellos municipios en los que los ayuntamientos han anunciado que se van a revertir las ZBE ya iniciadas.
Es en este último grupo donde el Defensor del Pueblo ha incluido a Castelló, "donde ya habíamos advertido que la intención de Begoña Carrasco, es decir, de PP y Vox, de modificar la Zona de Bajas Emisiones que pusimos en marcha desde el Acord de Fadrell podía costarnos muy caro", explica José Luis López.
El portavoz adjunto socialista recuerda en este sentido que, el pasado mes de septiembre, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se había advertido a todos los ayuntamientos de España que, si las nuevas corporaciones creadas tras el 28M deciden no poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones, o incluso modifican los proyectos de movilidad sin justificar, "se retirarán los fondos europeos recibidos para impulsar la movilidad sostenible".
El Ayuntamiento de Castelló, con el gobierno impulsado por el PSPV durante estos últimos años con Amparo Marco a la cabeza, "captó recursos económicos de Europa para la ciudad y, gracias a ellos, se lograron 11 millones para impulsar algo a lo que no podemos renunciar: diseñar áreas en las que está limitado el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos a motor".
El objetivo fundamental es la mejora de la calidad del aire y la salud de la ciudadanía, la contribución a la mitigación del cambio climático o el cambio hacia modos de transporte más sostenibles", señala López. Frente a ello, "nos hemos encontrado cómo la derecha y la ultraderecha, lideradas en Castelló por Begoña Carrasco, han anunciado cambios en la ZBE, proponiendo levantar restricciones al tráfico, lo que puede llevarnos al caos económico, tal y como estamos viendo con la investigación del Defensor del Pueblo.
