El presidente de Pamesa Grupo Empresarial, Fernando Roig.El presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, se ha pronunciado hoy respecto al proceso judicial abierto contra el expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el que figura como investigado junto a su hijo, y ha dicho tener "plena confianza en la justicia" que "reconocerá claramente nuestra inocencia".
Roig se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Estadio de la Cerámica en Vila-real, donde ha ofrecido los resultados del Grupo Pamesa en el ejercicio 2020.
A preguntas de los periodistas sobre la causa judicial abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, en la que figura como principal investigado Carlos Fabra y en la que se le investiga a él y a su hijo por un supuesto préstamo que concedió al exlÃder del PP, Roig ha dicho que explicará las cosas en los tribunales.
En este sentido ha señalado tener "plena confianza en la justicia" y se ha mostrado convencido de que "reconocerán claramente nuestra inocencia", por lo que se ha mostrado "tranquilo en este tema".
Roig y su hijo declararon el pasado 22 de diciembre ante el juez que instruye la causa y contestó las preguntas que se le plantearon.
El presidente de Pamesa compareció en su propio nombre y como responsable de la mercantil Portovan S.L., que concedió un préstamo con garantÃa hipotecaria a Fabra por valor de 1,4 millones de euros.
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra declaró el pasado 28 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, después de que el 22 de septiembre su domicilio en la localidad de Oropesa del Mar fuera registrado por agentes de la PolicÃa Nacional, en el marco de esta investigación.
El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de FiscalÃa por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
