CCOO cree que no se están respetando los derechos de los agentesA juicio del sindicato, la alcaldesa se equivoca al considerar que el problema es interno y solo afecta al personal integrante de la policía, sin calibrar la repercusión directa en la seguridad ciudadana.
"Cabe recordar que el conflicto lo generó ella misma, primero prometiendo y luego engañando," afirma la representación sindical. Tras la primera reunión, la Alcaldía reconoció las carencias existentes y se comprometió a dar solución.
Pero la inacción del equipo de gobierno municipal y el incumplimiento de la palabra dada ha provocado la marcha de varios agentes profesionales y, pese a la petición de compromiso a la plantilla hasta la creación de urgencia de una bolsa de interinos para cubrir esas ausencias, 10 meses después todavía no se han creado ni las bases. Los propios policías junto con el sindicato propusieron soluciones, que han sido ignoradas.
Después de casi un año sin resolver la situación, desde la sección sindical apuntan que "no sería descabellado llegar a creer que esta falta de resolución forma parte de una estrategia interesada para acomodar su tranquilad en el cargo, sin dar una respuesta al problema".
Tras la marcha de varios agentes profesionales a otros municipios en agosto de 2020 para mejorar sus condiciones, se evidenció la posibilidad real de empeorar las condiciones para que el número de profesionales formados y con experiencia que se marche de Segorbe, y así poder sustituirlo por personal interino o recién entrado, que no ha vivido las condiciones reales que sufre la plantilla actual.
El sindicato ha denunciado reiteradamente "la incapacidad de resolución del equipo de gobierno, que deteriora las condiciones de vida y trabajo de los agentes y la protección de la ciudadanía, que acaba pagando su falta de competencia".
En la actualidad ya son varios agentes profesionales menos y varios más se han presentado en otras poblaciones para tratar de salir de Segorbe, ante las malas condiciones laborales y la impotencia de no poder prestar sus servicios con la efectividad y calidad requeridas.
"Es injusto que por defender y pedir mejorar las condiciones y los derechos de los trabajadores se les castigue de esta manera y se permita un deterioro en la localidad de un servicio vital, básico y público", concluyen.
