La Cooperativa de Viver ya gestiona más de 100 hectáreas de sus socios para evitar el abandono de tierras

La Cooperativa de Viver acaba de incorporar 56 nuevas hectáreas a su Iniciativa de Gestión Común (IGC) de tierras de cultivo con las que suma un total de 103 hectáreas cedidas por socios que ya no pueden o no desean ocuparse de ellas. De esta forma, la cooperativa evita que las parcelas caigan en desuso, e incluso recupera las que ya lo están, al tiempo que mantiene su capacidad productiva, promueve el relevo generacional en el sector agrario y conserva el territorio a través de la preservación del mosaico agroforestal.

De momento son una decena de socios de la cooperativa los que han aportado sus tierras mediante contratos de cesión a largo plazo. El modelo de IGC que promueve la Cooperativa de Viver se basa en la recuperación de campos abandonados o en riesgo de abandono para incrementar la producción propia a partir de una dirección técnica única y con un equipo joven profesionalizado, asegurando la máxima calidad del producto desde el origen y mejorando su rentabilidad. De esta manera la cooperativa puede establecer su propio plan estratégico de producción y asegurar las buenas prácticas agrícolas al disponer de la gestión directa de la tierra.

Una fórmula eficiente

La Comunidad Valenciana es la región donde más tierras de cultivo se abandonan a nivel nacional, con una superficie agrícola total en desuso de 173.676 hectáreas, según la última Encuesta sobre Superficie y Rendimiento de los Cultivos publicada por el Ministerio de Agricultura. El minifundismo propio del territorio valenciano, que dificulta la rentabilidad dado el reducido tamaño de las explotaciones agrícolas, junto con la falta de relevo generacional, favorece especialmente el abandono de tierras de cultivo. Cuando estas tierras pertenecen a socios de cooperativas, son estas entidades las que pueden ver comprometida su sostenibilidad económica al sufrir una reducción de su producción y consecuentemente de sus ingresos mientras aumentan sus costes fijos.

Las Iniciativas de Gestión Común (IGC) de tierras de cultivo surgen así como una fórmula innovadora en zonas rurales lideradas principalmente por cooperativas agroalimentarias para hacer frente a este escenario amenazador. Distintas experiencias, como la llevada a cabo por la Cooperativa de Viver, ya han puesto de manifiesto la mejora de la eficiencia de la agricultura y del uso sostenible del suelo, a la vez que contribuyen a fijar la población gracias a la creación de empleo. Además, los campos siguen siendo titularidad de los socios, lo que facilita las gestiones administrativas para la puesta en valor de las tierras.

Viver, la excepción agraria

La Cooperativa de Viver, en su afán por mantener vivo el territorio y promover una agricultura sostenible a todos los niveles, se mantiene abierta a nuevas propuestas de incorporación a su IGC con el fin de evitar el abandono de tierras y seguir siendo un motor económico para la comarca del Alto Palancia. De hecho, Viver es la orgullosa excepción dentro de un mundo agrario en constante decadencia. Mientras la agricultura valenciana ha descendido el 15,1%, el sector agrario ha crecido en Viver el 4,1% en superficie neta, y además lo ha hecho con una modernización absoluta al transformar el secano en regadío, con un incremento este último de un 163,3% hasta alcanzar las 490 hectáreas, según datos del Instituto Valenciano de estadística (IVE).

Esta cifra contrasta con la disminución de superficie agraria que, de forma general, ha sufrido la comarca del Alto Palancia entre 2002 y 2021, llegando a reducirse en un 21,6%. Alimenta este dato la disminución de tierras de cultivo en las poblaciones vecinas como Altura, donde a pesar del aumento de superficie de regadío, la superficie agraria total ha descendido un 11,7% en ese mismo periodo; Jérica, donde se ha reducido en un 28,2%; o Segorbe, con un 26,5% menos de superficie agraria neta, lo que convierte a Viver en una salvedad dentro del sector. Las contrataciones en el sector agrícola en Viver también son una muestra de esta excepción al haber aumentado un 2,1% entre marzo de 2021 y marzo de 2022, según las últimas cifras del Portal d'Informació ARGOS de la Generalitat Valenciana, elaborados conjuntamente con los servicios públicos de empleo, en contraposición al descenso de contratos agrícolas registrados a nivel provincial, donde se ha producido una caída interanual del 4,75%, y del conjunto de la Comunidad Valenciana, donde la bajada ha sido del 1,4% respecto al año anterior.

En defensa del territorio

La IGC de la Cooperativa de Viver favorece así el liderazgo económico que la entidad representa para la comarca del Alto Palancia. La agricultura en el municipio supone un valor directo de unos 6 millones de euros anuales, lo que se traduce en un promedio de 4.125€ anuales por hectárea. La comercialización de las producciones agrarias en torno a la Cooperativa de Viver refleja el incremento progresivo del valor de las principales cosechas (olivo, almendro, nogal y viña) en los últimos 15 años, llegando a alcanzar los 2,3 millones de euros.

Las 100 hectáreas de tierras de cultivo que ya gestiona la cooperativa bajo la fórmula de IGC demuestran una apuesta segura y sostenible por el territorio frente a otras iniciativas que atentan contra la agricultura en Viver como es el macroparque fotovoltaico que pretendía instalarse sobre una superficie equivalente de parcelas en producción. Este proyecto, promovido por la mercantil Proyecto Fotovoltaico Aicrum-1-SL sin un análisis real y exhaustivo de su impacto a nivel económico, social y ambiental y sin participación pública, supondría la eliminación del 7% de la agricultura local y el 15% de las infraestructuras de riego que abastecen los campos, generando una pérdida significativa de empleo e ingresos locales y, en consecuencia, un freno al crecimiento de la población local.

Ante la amenaza que supone este proyecto para una de las pocas experiencias de éxito de la agricultura en el interior de la Comunitat Valenciana como es el caso de Viver, contraviniendo además el espíritu de la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana y de la política de la Generalitat Valenciana contra la despoblación, las IGC se erigen como la fórmula definitiva en manos de las cooperativas agroalimentarias para defender el uso sostenible del territorio sobre la base de una agricultura eficiente, capaz de constituirse en motor socio-económico y garante medioambiental de los municipios que acogen estas iniciativas.