Pleno ordinario de enero de la Diputación de Castellón. - EPDACon el presupuesto 2026 ya en vigor, el primer pleno ordinario del año, celebrado este martes, ha aprobado, con los votos a favor del equipo de Gobierno Provincial, Compromís y Vox, y la abstención del PSOE, la asignación correspondiente a cada uno de los municipios de la provincia con el fin de garantizar la autonomía municipal y fortalecer la financiación local, especialmente en los municipios pequeños o con menos recursos.
El presupuesto 2026, desde sus inicios ya garantizaba el Fondo de Cooperación Municipal, y con esta aprobación en pleno se ratifica la asignación correspondiente a cada localidad. En total, 15,2 millones de euros que llegarán de forma directa a la provincia para garantizar recursos "frente a la infrafinanciación del Gobierno de España", ha expresado el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado.
El vicepresidente provincial ha recordado que la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, remitió, el pasado 23 de octubre, una carta a los alcaldes y alcaldesas de la provincia, asegurando el Fondo de Cooperación Municipal y la asignación correspondiente, así como el importe del Plan Impulsa, "y les dijo que todo ello se haría a la mayor brevedad posible". "Hoy, 11 días hábiles después del inicio del año, en el primer pleno ordinario del 2026, la presidenta de la Diputación cumple con la palabra dada a todos los alcaldes y alcaldesas", ha incidido Héctor Folgado.
Esta aprobación refuerza el compromiso de la institución provincial con el municipalismo a través del plan 'Més que mai', destinado a ayudar de manera directa a los municipios de la provincia, y así aliviar las limitaciones derivadas de la infrafinanciación local y de las reglas fiscales impuestas por el Gobierno Central. En ese sentido el presupuesto 2026 garantiza, de manera inicial, el Fondo de Cooperación Municipal (15.200.000 euros), el destinado a la lucha contra el Despoblamiento (2.200.000 euros) y el dirigido a Municipios Turísticos (931.000 euros). También destacar que el Plan Impulsa para los ejercicios 2026/2027 contempla la mayor inversión de la historia hasta alcanzar 32.500.000 euros.
En otro orden de cosas, el pleno por unanimidad se ha unido en la defensa de los sectores productivos del territorio, el medio ambiente y el control democrático ante el acuerdo comercial UE-Mercosur. Al respecto, todos los grupos políticos con representación en la Diputación han aprobado una declaración institucional para mostrar su profunda preocupación ante el acuerdo comercial, tanto por su contenido (por el grave riesgo que supone para el sector agrario y ganadero, el medio ambiente y el equilibrio territorial), como por la forma antidemocrática en que se ha impulsado su aplicación previa, sin ratificación previa del Parlamento Europeo. Así, a través de la declaración institucional, la Diputación de Castellón insta al Gobierno de España para que exija a la Comisión Europea, además de las cláusulas de salvaguarda, inspecciones en origen, con el objetivo de que se cumplan las exigencias fitosanitarias y medioambientales que se exigen a la Unión Europea. También exigen la reciprocidad plena en materia ambiental, sanitaria y laboral en cualquier acuerdo comercial internacional.
La sesión plenaria celebrada este martes en la Diputación también ha aprobado otras mociones a través de las cuales, la institución provincial clama, también por unanimidad, contra la exclusión financiera y por la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Costas.
En primer lugar, el pleno ha aprobado una moción para combatir la exclusión financiera en municipios rurales de la provincia. Así, a través del texto aprobado, la Diputación de Castellón insta al Gobierno de España a tramitar para su aprobación la Ley de Servicios Bancarios para municipios en riesgo de despoblación y con exclusión financiera, paralizada en la Mesa del Congreso de los Diputados. Asimismo, la Diputación de Castellón se compromete a liderar frente a las administraciones competentes, la reivindicación contra la exclusión financiera, además de no considerar las oficinas móviles semanales como una solución suficiente, especialmente en municipios con actividad turística o población envejecida, e instar a mejorar los horarios, frecuencias y servicios.
En materia de protección del litoral, la Diputación de Castellón instará a la Mesa del Congreso de los Diputados a que tramite de forma urgente la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre, remitida por el Senado en marzo de 2024. Una reivindicación que llevará a cabo a través de la moción aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos con representación en la institución provincial.
