La
Diputación de Castellón contará a partir de ahora con todos los recursos
humanos y técnicos de Tragsa para hacer frente a emergencias o catástrofes que
puedan suceder en el ámbito de la provincia. Esto es posible desde este viernes
gracias a la incorporación de la institución provincial al accionariado de esta
empresa pública. La entrada se ha hecho efectiva con la compra de un tÃtulo
valorado por 8.225 euros.
El
presidente de la Diputación de Castellón, José MartÃ, ha calificado esta
incorporación como "un paso positivo" que permitirá mejorar y acelerar los
tiempos de respuesta ante temporales o desastres de diferente naturaleza. Como
entidad miembro, ha explicado MartÃ, "podremos completar los trabajos que, de
forma impecable, lleva a cabo el Consorcio Provincial de Bomberos en episodios
de emergencia con un plantel de 11.000 trabajadores y 1.200 máquinas de forma
casi inmediata".
Hasta
el momento, en situaciones de colapso la Diputación tenÃa que licitar servicios
tales como el alquiler de palas o de vehÃculos de rescate-para ampliar su
capacidad de respuesta o incluso recurrir a otras administraciones como
intermediarias para que solicitaran la actuación de Tragsa. Para Martà ambos
métodos dilataban demasiado en el tiempo "una respuesta que debe de ser
instantánea", porque hay vidas en juego, "por eso nada más entramos al Palacio
de las Aulas pusimos sobre la mesa la búsqueda de soluciones que agilizaran la
respuesta ante catástrofes".
Como
anécdota de lo que pasaba, Martà ha recordado que durante el pasado temporal
'Gloria' "apelamos a la Generalitat para que solicitara el apoyo de Tragsa en
las tareas de limpieza de la nieve en el interior de Castellón, con la
peculiaridad de que trabajaron todo el tiempo bajo nuestro mando". "Ahora, como
parte de la empresa, ganaremos mayor celeridad a la hora de actuar en caso de
emergencia al no haber intermediarios ni papeleos de por medio».
Actualmente,
Tragsa está participada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI y la
Administración General del Estado y, en menor grado, por las comunidades y
ciudades autónomas y diputaciones provinciales y cabildos y consejos insulares.