Playa de Moncofa. - Cortesía de Pepe FranchEl concejal de Podem en Moncofa Rafa Segarra Silvestre, ha presentado una Moción en el ayuntamiento de Moncofa en la que exige al ayuntamiento a facilitar todas las actuaciones que se requieran necesarias entre instituciones y agilizar los tramites necesarios que le soliciten desde la Dirección General de Costas, asimismo solicita un debate en el Congreso en profundidad sobre el actual redactado de la Ley de Costas dado que su última revisión data de hace una década.
Segarra asegura que "nos preocupa el inmovilismo del Partido Popular de Moncofa frente a los proyecto de regeneración de la costa, ya no es momento de paralizar los proyectos de mejora de nuestras playa".
El concejal morado comenta que ya vienen insistiendo desde hace tiempo que la estrategia del alcalde de Moncofa Wenceslao Alòs "es la de renunciar al interés general del pueblo, por el interés partidista del Partido Popular de la provincia".
Pero en esta propuesta el concejal moncofí no estará solo, ya que esta acción se realizará conjuntamente en el Congreso de los Diputados y en Les Corts Valencianes, se trata de una acción unitaria presentando PNL y como moción en los Ayuntamientos donde Podem tiene representación.
Por parte del Congreso de los Diputados, la Diputada por Castelló Marisa Saavedra ha insistido en que "frente a la inacción o la demagogia de otros partidos, que durante años han estado en posiciones de gobierno y no han hecho nada, nosotras planteamos una propuesta realista y equilibrada, que puede no satisfacer al 100% a todas las partes pero que viene a mejorar la situación".
Afirma que "Esta PNL incide en la necesidad de diferenciar el trato que se dé a los núcleos de población con valores históricos y culturales, y las operaciones urbanísticas especulativas que, a expensas del litoral, han propiciado grandes negocios inmobiliarios en el territorio."
Asimismo, el Diputado por Alicante y Secretario General del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-ECP-GC, Txema Guijarro destaca que "estamos en una situación de emergencia climática que, en cuanto a afectación a las costas, significa una subida del nivel del mar que los científicos nos anticipan de manera unánime, y por eso, no podemos seguir ni con la inacción, ni con proclamas demagógicas de soluciones milagrosas, y hace falta, de manera urgente planificar obras de protección que ayuden a preservar de manera natural nuestras costas, ejecutar de una vez de renaturalización y regeneración de playas, restaurar ecológicamente las zonas más deterioradas, y obligar a las grandes empresas hidroeléctricas que compensen los flujos de sedimentos fluviales que las grandes presas han parado'.
Con esta propuesta se exige que quede garantizado que no habrá nuevas intervenciones urbanísticas que puedan afectar negativamente la línea de costa.
Desde les Corts Valencianes, la diputada y Síndica del Grupo Parlamentario, Pilar Lima, explica que "los propietarios no pueden vivir con la angustia de no saber qué pasará con sus viviendas y, por eso, proponemos que todos los proyectos de delimitación del dominio público terrestre y marítimo ("deslinde")" se hagan de manera transparente y participativa, también con participación de los ayuntamientos, y que, llegado el caso, en aquellas situaciones más sensibles se acuerden procesos de transmisión de la propiedad atendiendo a la seguridad jurídica y la legítima confianza".
La también Diputada de les Corts Valencianes y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Beatriu Gascó asegura que es "más que necesaria la revisión de la Ley de Costas aprobada en 1988 y revisada en 2013, para adaptarla a las nuevas realidades ambientales y climáticas, y sus consecuencias en el plano económico y social en toda España y especialmente en la Comunitat Valenciana".
También denuncian que a día de hoy, en algunos casos, el Ministerio se está colocando de perfil en esta problemática, viendo como se deteriora nuestro litoral, si bien en otros casos, como en la costa de Castelló, está ejecutando obras de protección pendientes desde hace años.
UP propone medidas concretas basadas en la transparencia y la participación, y pensando en una realidad climática que pone en peligro las viviendas y las personas que viven cerca del mar.
