La ConcejalÃa de Vivienda del Ayuntamiento de
Castelló colabora con apoyo técnico con el Sindicato de Inquilinos en el
proceso sancionador presentado ante la Conselleria de Vivienda contra seis
fondos buitre que operan en Castelló, especialmente en el Raval Universitari.
El departamento de MarÃa Jesús Garrido respalda la elaboración de un nuevo
informe requerido por la conselleria sobre el estado de edificios afectados y
las incidencias denunciadas.
"Confiamos en que esta nueva documentación sea el
paso definitivo para que la conselleria abra el expediente sancionador por
abusos inmobiliarios. SerÃa el primer expediente que se abrirÃa contra
sociedades de capital riesgo de la Comunitat Valenciana y el segundo en
España", afirma la concejala de Vivienda, MarÃa Jesús Garrido.
"Desde el Ayuntamiento hemos estado respaldando al
Sindicato de Inquilinos de Castelló desde su creación en febrero y arropándolo
en la denuncia presentada contra los fondos buitres. Estas sociedades
adquirieron en el Raval Universitari antiguas viviendas de protección pública,
aumentando un 50 % el precio del alquiler y presionando a inquilinos para que
se fueran. A estas alturas se han marchado 60 familias mientras más de la mitad
de las viviendas de un edificio de 174 pisos propiedad de un fondo buitre están
vacÃos", añade Garrido.
La concejalÃa afirma que el Sindicato de Inquilinos
presentó el pasado mes de septiembre en la dirección territorial de la
Conselleria de Vivienda una denuncia
contra supuestos abusos inmobiliarios de fondos buitre de la ciudad.
Ahora, la conselleria solicita más información técnica y este trabajo será
respaldado técnicamente por el departamento municipal.
Entre otras incidencias, los vecinos detallan una
falta de notificación en el cambio de propiedad; inacción en el mantenimiento
de zonas comunes; falta de definición en la empresa que gestiona los cobros;
cambio de cerraduras en zonas comunes sin previo aviso; dificultades en el
acceso al pago de la renta; falta de comunicación en el vencimiento del
contrato; conductas de presión moral para conseguir la rescisión del contrato;
y comprobaciones ilÃcitas por parte del servicio de seguridad para verificar
quién vive accediendo sin permiso.
La concejalÃa envió, además, una carta a los
fondos buitre que incluye la moción de reprobación del Pleno Municipal.