Eduardo del Pozo Querol./EPDA En España, el cava, el vino espumoso que se exporta a todo el mundo y que dedica 38.000 hectáreas a su producción y con cerca de 400 bodegas, tiene monopolizada la superficie de terreno que se puede dedicar al cultivo y a la producción por hectárea a lo que decida el Consejo Regulador del Cava. Con sede en Villafranca del Penedés (Barcelona), está compuesto por diez miembros, todos representantes de los viticultores o bodegas catalanes.
El Gobierno del PSOE que preside el señor Pedro Sánchez necesita, por razones obvias, tener contentos a sus socios independentistas catalanes y tiene que pagar de alguna forma el apoyo que le dan para seguir gobernando. Y qué mejor, entre otras cesiones, que dejar el control absoluto de la producción de cava en España en manos del Consejo Regulador, donde todos los consejeros son catalanes.
El cava de Requena y de Almendralejo (Extremadura), ambos en creciente expansión desde hace más de una década y que ya consiguen exportar a más de 80 países, han visto frenadas y en seco sus posibilidades de dedicar más superficie al cultivo, ya que el Consejo Regulador de la D.O. Cava ha limitado la superficie de ampliación a solo 0,1 hectáreas por año hasta el 2023.
El Gobierno valenciano, ante esta sin razón, no reaccionó en defensa de nuestros productores de cava. Sí lo hizo la Junta de Extremadura, dictando sentencia el Tribunal Supremo a su instancia y a su favor, ya que el Real Decreto del Ministerio de Agricultura, que otorgaba el poder de decidir y limitar la superficie de cultivo al Consejo Regulador, incumplía la regulación comunitaria y violaba las competencias autonómicas, anulando dos artículos del Real Decreto 1338/2018. En particular, el que eliminaba la consulta a las comunidades autónomas y atribuía la competencia al Consejo Regulador por tener carácter supraautónomico y, por tanto, esas restricciones no le podían corresponder y sí al Ministerio de Agricultura, dando la posibilidad de emitir informe respecto a estas decisiones a las comunidades autónomas.
El Ministerio de Agricultura ha hecho oídos sordos y sigue manteniendo las mismas tesis que el Consejo Regulador sobre superficie y producción.
El Gobierno no puede, ni debe, ceder a una parte (Cataluña) la decisión sobre un todo (el resto de comunidades), ni permitir que la supremacía del cava catalán en todos los aspectos monopolice y limite el desarrollo del resto. Para que esto no ocurra, las cuatro zonas en que en está dividido el sector en España tienen que estar representadas como vocales con voz y voto en el Consejo Regulador del cava. Para que no decidan otros lo que también les incumbe a ellos. Y, en cuanto a nuestra Conselleria de Agricultura, pedirle que apoye nuestro cava valenciano para que consiga la distinción de D.O. (denominación de origen) Cava de Requena, como así se lo requiere todo el sector. Hagamos política útil.
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