María Jesús GarridoLa Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de
Castelló frenó temporalmente el 90 % de órdenes de desalojo recibidos durante
2020 a través del protocolo municipal antidesahucios y ha adjudicado tres pisos
municipales a familias en una situación de extrema vulnerabilidad.
“La situación de la vivienda se sigue agravando por
la crisis económica. La Oficina Municipal de Vivienda recibió el pasado año 272 notificaciones de
desahucios . Gracias al Protocolo firmado con la Audiencia remitimos después a
los juzgados informes de los Servicios Sociales de 245 por vulnerabilidad de
sus residentes, que comporta una suspensión del lanzamiento de uno a tres meses
mientras se busca una alternativa habitacional o la tramitación de ayudas. El
Escudo Social del Gobierno suspendió durante el Estado de Alarma los desahucios
por dificultades económicas. No es suficiente y trabajamos por ampliar la
vivienda pública, los alquileres municipales o movilizar la vivienda vacía para
garantizar el derecho a la vivienda", explica la concejala de Vivienda,
María Jesús Garrido.
El protocolo municipal de vivienda permite aplazar
el desahucio un mes en caso de propiedades de particulares y tres meses en
entidades jurídicas (ejecuciones hipotecarias). En este tiempo, el servicio
conveniado por el Ayuntamiento con el Colegio de Abogados asesora en cuanto a
la posibilidad de recepción de ayudas públicas o a las moratorias existentes
del Gobierno en cuanto al pago de alquileres de grandes propietarios a fin de
garantizar una alternativa habitacional.
Vivienda, en este sentido, facilitó tres viviendas
municipales que quedaron liberadas a personas en una situación extrema, y
propuso otras 6 adjudicaciones de urgencia
a la Generalitat Valenciana.
“Estamos poniendo todo el esfuerzo para garantizar
el acceso constitucional de viviendas y frenar la oleada de desahucios que
ahora amenazan a los alquileres por la situación de crisis de la pandemia, a
diferencia de la crisis de 2011 cuando los gobiernos del PP dejaron en la
estacada a miles de desahuciados”, explica la concejala María Jesus Garrido,
que explica que los desahucios en casos
de vulnerabilidad se suspendieron durante el Estado de Alarma por parte del
Gobierno. Los que se notificaron al Ayuntamiento correspondían a sentencias en
firme acordadas antes de entrar en vigor las moratorias.
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