La sentencia reconoce una indemnización de 180.000 euros a favor de los familiares de la víctima, que tenía 75 años
La Audiencia Provincial de Valencia ha
condenado a penas que suman 33 años de prisión y ha decretado el
internamiento en un centro psiquiátrico por un tiempo
no superior al de dicha condena a un hombre que asesinó y agredió
sexualmente a una mujer septuagenaria en la localidad de Xàtiva.
La
sentencia recoge el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado
popular tras el juicio celebrado este mes de febrero y puede ser
recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana.
Según
el apartado de hechos probados, el acusado se presentó en el domicilio
de la víctima, de 75 años de edad, el 10 de febrero de 2017 y comenzó a
llamar insistentemente a la puerta.
La
mujer, que lo conocía previamente porque era vecino del mismo municipio,
le permitió entrar. Cuando ambos se encontraban en el dormitorio de
ella, el acusado comenzó a golpearla con la varilla
de una percha de madera.
La
víctima cayó aturdida al suelo y continuó recibiendo golpes por todo el
cuerpo con el mismo objeto. El agresor llegó a introducirle un trozo de
la percha por la vagina y el ano. Finalmente,
cuando la mujer se hallaba inconsciente y, por tanto, sin posibilidad
alguna de defenderse, le metió el fragmento de percha en la boca y le
causó así la muerte por asfixia.
El
magistrado que presidió el tribunal del jurado considera al acusado
autor de los delitos de asesinato y agresión sexual, aunque aprecia en
su conducta la circunstancia eximente incompleta
de alteración psíquica, ya que en el momento de los hechos sufría un
“retraso mental moderado desde hacía años que afectaba a sus facultades
intelectivas y volitivas de forma leve-moderada, pero sin anular las
mismas”.
El
fallo establece por el asesinato una pena de 23 años de prisión y una
medida de internamiento para tratamiento médico en un establecimiento
adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica
que padece por tiempo no superior a dicha condena.
Además,
contempla otra pena de diez años de cárcel por el delito de agresión
sexual y una medida de internamiento psiquiátrico no superior a ese
tiempo.
Igualmente,
el condenado deberá indemnizar por medio de su legal representante con
180.000 euros a los familiares de la fallecida y participar, tras el
cumplimiento de las penas privativas
de libertad, en un programa formativo de educación sexual.
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