Carles Arques./EPDA
Existe una grave crisis
populista y antidemocrática por toda la UE y el mundo, que pone en cuestión el
funcionamiento de las democracias más sólidas. La pandemia ha aumentado esa
deriva y el fenómeno de la crisis del estado de derecho, siendo un movimiento a
nivel mundial donde las redes sociales y determinados medios de comunicación
colaboran en alimentar la ola populista.
Estos días estamos viendo
como aquellos que siempre han alardeado de constitucionalistas son los primeros
que no cumplen con la carta magna. El Consejo General del Poder Judicial en
España lleva desde el 2018 en funciones y con el mandato caducado porque el
principal partido de la oposición se ha atrincherado en esta ola populista que
recorre el mundo. Todas las voces autorizadas sobre la materia coinciden en señalar
la anomalía democrática y el ataque al estado de derecho mediante el
incumplimiento del acuerdo de renovación del CGPJ por parte del PP.
El último atropello
democrático por parte del PP al Estado de derecho se produjo hace dos semanas a
las puertas de alcanzar el acuerdo. La jefa de filas, Ayuso, dio la orden de
que el principal partido de la oposición tenía que seguir anclado en la
rebelión antidemocrática que llevan a cabo desde el 2018 y no se debía producir
el pacto con el gobierno. La argumentación que utilizan es la reforma del
delito de sedición por parte del Gobierno, que este solo garantiza avanzar en
la adaptación del Código Penal de España respecto a otras democracias europeas
y seguir construyendo convivencia entre diferentes en nuestro país.
La UE ha emitido
diferentes informes en los últimos años advirtiendo de la vulnerabilidad
democrática por la situación de interinidad del CGPJ. El incumplimiento en la
renovación por parte del PP en no asumir los últimos resultados electorales y
no aceptar la diversidad en la representatividad política de España demuestrando
que están muy alejados de la realidad territorial y social de nuestro país.
Hace unas semanas,
comentaba Felipe González, que hace 40 años la prioridad en la construcción del
Estado de derecho era garantizar la convivencia entre diferentes y en la
actualidad sigue siendo la misma. También, decía que no se pueden utilizar las
reglas del juego según le convenga a uno y que en primer lugar hay que aceptar
la ley y luego trabajar para cambiarla. Ahora apelan a la batalla cultural de
lo postmaterial, en la que siempre se han sentido cómodos la derecha y sus
medios hablando de patria, unidad y familia. La pregunta es; ¿dónde estaba esa
unidad en el 2017? España solo se ha roto una vez y ha sido con Rajoy en el
gobierno con dos referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia
(DUI). La unidad se practica a través del diálogo garantizando la convivencia
entre diferentes como está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez.
Solo los extremos de la
derecha y los independentistas ponen en duda la convivencia en este país. Es una
realidad, que hoy la situación en Cataluña y el resto de España es mejor que
hace 5 años porque se habla, se acuerda y se hace política sobre lo que
realmente importa, que es lo material, como los derechos, el empleo, la
economía y el crecimiento. En esta posición “trumpista” en la que se encuentra
el principal partido de la oposición liderado por las más radicales, y en la
que han arrinconado a los moderados, hay que decirles que esto va de
convivencia.
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