Agentes de la Policía
Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas
mediante la contratación en masa de préstamos fraudulentos por Internet. Se ha
detenido en Logroño, en Vila-Real (Castellón) y en Palma de Mallorca a sus
cinco integrantes, tres mujeres y dos varones, quienes llevaban operando de
manera sistemática y habitual desde hacía tres años, y a quienes se les imputa
una estafa de más de 200.000 euros. Han sido identificadas 228 víctimas
dispersas por toda la geografía española y se han practicado dos registros en
domicilios de Logroño, interviniéndose numerosa documentación física y soportes
informáticos relacionados directamente con los hechos delictivos.
Las investigaciones se
iniciaron a partir de varias denuncias interpuestas durante el último trimestre
del pasado año por ciudadanos zaragozanos, quienes referían que varias
entidades financieras de crédito que operan por Internet se habían puesto en
contacto con ellos para reclamarles el impago de pequeños préstamos,
contratados de forma ilegítima meses antes con sus datos personales.
El principal investigado,
un varón de 44 años de edad licenciado en Ciencias Económicas y residente en La
Rioja aunque con estrechos vínculos familiares en Zaragoza, contaba con varios
antecedentes policiales por hechos de idéntica naturaleza.
El ideólogo del grupo
preconcibió el plan delincuencial, consistente en la contratación sistemática
online de préstamos fraudulentos, de forma continuada y prolongada en el
tiempo, a nombre y utilizando los datos personales de terceras personas sin su
consentimiento, en una veintena de
establecimientos financieros de crédito.
Para ello, primeramente analizaba
los diferentes requisitos de tipo documental exigidos para la obtención de los
préstamos, referidos en los diferentes portales de Internet, siendo
imprescindible en todos los casos la documentación personal del solicitante. Para ello, obtuvo las fotografías del DNI de
los perjudicados, ideando un método consistente en organizar entrevistas de trabajo, para un
supuesto y nunca efectivo puesto ofertado en Zaragoza, por su empresa; es decir, los entrevistados en búsqueda de un
empleo, entregaban su documentación personal con este fin y posteriormente se
tomaban varias fotografías, siendo realmente el motivo de la entrevista la
simple obtención de esta documentación.
A continuación, una vez
que tenía en su poder estas fotografías, falsificaba diversa documentación
adicional (nóminas de la Administración Pública, recibos bancarios, facturas de
suministros, etc…), con la finalidad de aparentar el mayor grado posible de
garantía, en base a las exigencias de las entidades financieras, y solicitaba
préstamos al consumo, normalmente de modesta cuantía, a nombre de estas
personas, suplantando su identidad, remitiendo la documentación necesaria y
simulando ser el legítimo titular de la misma.
Estas solicitudes eras
efectuadas a través de Internet, sirviéndose de las facilidades de contratación
que este medio y que las propias entidades financieras otorgan, y además
utilizaba conexiones informáticas enmascaradas con el fin de no dejar ningún
rastro identificativo.
Si bien se trataba en su
mayoría de préstamos de modesta cuantía, la gran cantidad de perjudicados (se
han contabilizado 228) y de préstamos contratados a nombre de cada uno
(normalmente tres o cuatro), hace que el fraude total a la veintena de
establecimientos de crédito afectados supere los 200.000 €, abonándose el
importe de los mismos en cuentas bancarias de diversas entidades abiertas ad hoc para esta finalidad.
Estas cuentas figuraban
siempre a nombre del principal investigado o a nombre de personas de su entera
confianza (las otras cuatro detenidas, entre ellas su esposa).
El dinero obtenido era
rápidamente dispuesto, al ser transferido a otras cuentas, reintegrado en
efectivo en cajeros automáticos o utilizado para recargas de tarjetas prepago
con las que efectuaban compras diversas.
Por lo que respecta a
las víctimas, sus nombres eran insertados como deudores en los diferentes
ficheros de impagados existentes en España, hecho que les supone enormes
dificultades a la hora de acceder a cualquier financiación, pero es que incluso
también eran llevados a juicio por estos supuestos impagos, por los
establecimientos financieros de crédito, a la postre perjudicados, con el
tiempo, dinero, pérdida de reputación financiera y desgaste mental que esta
situación puede conllevar.
Se han practicado dos
registros en Logroño, interviniéndose numerosa documentación física y soportes
informáticos relacionados directamente con los hechos delictivos. El principal
detenido, tras prestar declaración en sede policial, fue puesto a disposición
de la autoridad judicial en Zaragoza, quien decretó su inmediato ingreso en
prisión.
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