JUnta de gobierno del pasado martes El equipo de
gobierno de PSPV y Compromís en la Diputación de Castellón aprobará en el
próximo pleno de la institución provincial una moción conjunta en defensa de
“la suficiencia financiera y autonomía presupuestaria de los municipios”, una
propuesta que surge en el contexto del acuerdo anunciado por el Gobierno del
Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para
contribuir a la recuperación económica del país tras los efectos negativos por
la pandemia de la Covid-19.
Entre otros aspectos,
el equipo de gobierno de la Diputación pide la tramitación del anunciado Real
Decreto Ley 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y
urgente aplicables a las entidades locales, como Proyecto Ley para que pueda
ser objeto de enmienda por parte de todos los grupos políticos y fruto de un
acuerdo más amplio.
De forma paralela,
la Diputación de Castellón emplaza al Gobierno del Estado a derogar la Ley
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, para cambiarla por “una Ley menos hostil
con los municipios y con unas reglas de gasto más flexibles”.
Asimismo, se reclama
al Gobierno que “permita a los municipios disponer de los superávits de 2019 y
los remanentes acumulados para poder hacer frente a los gastos derivados de las
medidas de reactivación socioeconómica o de emergencia que hay que llevar a cabo”.
Además, se considera necesario que el Estado “garantice recursos a aquellos
ayuntamientos que no dispongan de remanentes, de tal manera que no se generen
discriminaciones”.
Otro de los aspectos
que solicitan PSPV y Compromís es que el Gobierno del Estado “cuantifique los
gastos por servicios impropios producidos y las nuevas regulaciones durante la
pandemia, con el objetivo de compensar a los municipios”.
Para el equipo de
gobierno, aunque el Real Decreto Ley 27/2020 del Gobierno que plasma el acuerdo
con la FEMP contempla aspectos positivos, como las ayudas de 5.000 millones de
euros o la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto para 2020, “es
necesario hacer un esfuerzo de consenso para llegar a una solución que
satisfaga los intereses y las necesidades de los ayuntamientos”.
El portavoz del
grupo socialista, Santi Pérez, considera que “hay que dar un impulso a la
utilización de los remanentes de tesorería que durante tantos años, con la Ley
de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP, ha hecho que los municipios
no puedan usar esos remanentes para los proyectos que querían porque solo
podían contar con ello para saldar deuda con los bancos”.
Según Santi Pérez,
“es importante que el dinero del los ayuntamientos se destine a cubrir las
necesidades de los municipios, por lo que esperamos que pueda haber un consenso
amplio en el Congreso de los Diputados que de salida a un acuerdo positivo
entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias”.
Por su parte, el portavoz
de Compromís en la Diputación de Castellón Ignasi García, considera que la
formulación actual del Real Decreto podría suponer un «riesgo para la liquidez
local» y por eso «instamos al Congreso a legislar para que los municipios
puedan disponer de todos sus recursos y sin generar un agravio comparativo que
discrimine aquellas poblaciones que no han podido obtener remanentes».
Según García,
«tenemos que poner fin a las tutelas y avanzar hacia un modelo legislativo que
garantice la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos con el
objetivo de que sea a la vez escudo social y motor económico en la era
post-covid y que puedan dar una respuesta rápida y próxima a las necesidades de
la ciudadanía en este contexto incierto». En esta línea, el grupo valencianista
considera también que «hay que emplazar en el gobierno español a flexibilizar
la regla de gasto y derogar la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria».
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