El exalcalde de Navajas, una exconcejala y el secretario de la corporación, a juicio

La UCO registró el Ayuntamiento de Navajas en mayo de 2018

Esta semana se celebra juicio oral en la Audiencia Provincial contra el exalcalde de Navajas, José Vicente Torres, una exconcejal y el exsecretario de la corporación por un presunto delito de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2015 y las cantidades «indebidamente percibidas» por los tres acusados ascienden a 79.992,09 euros, por lo que los tres acusados se enfrentan a una pena conjunta de 36 años de prisión.

Según publica El Mundo, Castellón al Día, se trata de una de las causas que investigan los tribunales ante las supuestas irregularidades en la gestión contable de 2013 a 2015, ejercicios en los que gobernó José Vicente Torres. En su solicitud para la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial, el Ministerio Público solicita14 años de prisión para quien fuera alcalde 6 años por falsedad documental y 8 por malversación de caudales públicos; lo mismo para el que fue secretario y 8 años para la exconcejala.

El escrito de acusación se basa en tres certificados emitidos por el secretario municipal entre julio de 2013 y mayo de 2014 que contenían «información inveraz [...] con objeto de obtener subvenciones de la Diputación para tres proyectos». En concreto, el proyecto de urbanización de la calle Eustaquio Vercher y la pavimentación y renovación de infraestructuras de la calle San José; el proyecto de reasfaltado del camino Sobrellano y la reforma del edificio de la Tercera Edad.

De acuerdo con el mismo documento el consistorio habría percibido cerca de90.000 euros de la Diputación para dichas obras en 2014, «sin que conste en las actuaciones la devolución de la subvención indebidamente recibida».

Los investigados también habrían dictado «resoluciones injustas» al formalizar 6 contratos por un importe total de444.035 euros «con ausencia de informes técnicos, de ofertas alternativas y de mecanismos de control de pago», así como acordando «el fraccionamiento indebido» de dos contratos.