Empieza el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en Castor

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500

EFE - 18/10/2021

Llos dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, a su llegada a la Audiencia.

La Audiencia de Castellón acoge desde este lunes el juicio del conocido como "caso Castor", donde están acusados dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor, clausurada desde 2017.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.

Las sesiones comenzarán hoy a las 10 horas con la declaración de los dos acusados, Recaredo del Potro, quien fuera presidente de Escal UGS, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau. También consta como acusación la propia mercantil como persona jurídica.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico".

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500.

Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.

Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por "la ola de pánico generalizado" consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

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