CCOO cree que no se están respetando los derechos de los agentes A juicio
del sindicato, la alcaldesa se equivoca al considerar que el problema es interno
y solo afecta al personal integrante de la policía, sin calibrar la repercusión
directa en la seguridad ciudadana.
“Cabe
recordar que el conflicto lo generó ella misma, primero prometiendo y luego
engañando,” afirma la representación sindical. Tras la primera reunión, la
Alcaldía reconoció las carencias existentes y se comprometió a dar solución.
Pero la
inacción del equipo de gobierno municipal y el incumplimiento de la palabra
dada ha provocado la marcha de varios agentes profesionales y, pese a la petición
de compromiso a la plantilla hasta la creación de urgencia de una bolsa de
interinos para cubrir esas ausencias, 10 meses después todavía no se han creado
ni las bases. Los propios policías junto con el sindicato propusieron
soluciones, que han sido ignoradas.
Después de
casi un año sin resolver la situación, desde la sección sindical apuntan que
“no sería descabellado llegar a creer que esta falta de resolución forma parte
de una estrategia interesada para acomodar su tranquilad en el cargo, sin dar
una respuesta al problema”.
Tras la
marcha de varios agentes profesionales a otros municipios en agosto de 2020
para mejorar sus condiciones, se evidenció la posibilidad real de empeorar las
condiciones para que el número de profesionales formados y con experiencia que
se marche de Segorbe, y así poder sustituirlo por personal interino o recién
entrado, que no ha vivido las condiciones reales que sufre la plantilla actual.
El
sindicato ha denunciado reiteradamente “la incapacidad de resolución del equipo
de gobierno, que deteriora las condiciones de vida y trabajo de los agentes y
la protección de la ciudadanía, que acaba pagando su falta de competencia”.
En la
actualidad ya son varios agentes profesionales menos y varios más se han
presentado en otras poblaciones para tratar de salir de Segorbe, ante las malas
condiciones laborales y la impotencia de no poder prestar sus servicios con la
efectividad y calidad requeridas.
“Es injusto
que por defender y pedir mejorar las condiciones y los derechos de los
trabajadores se les castigue de esta manera y se permita un deterioro en la
localidad de un servicio vital, básico y público”, concluyen.
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