Planta fotovoltaica / Foto: GVA La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha finalizado las obras de renovación de la instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta de la sede judicial de Vila-real, consistente en la instalación de 84 paneles fotovoltaicos de 585 Wp (potencia pico total de 48,7 kWp), por un importe total de 41.612 euros.
Esta actuación se enmarca en el objetivo de la Conselleria de reducir las emisiones de CO2, el consumo y los costes de energía, asegurando un alto rendimiento energético en los edificios de las sedes judiciales.
Así, se prevé que los paneles instalados serán capaces de suministrar el 15 % del consumo del edificio. En las horas del día con producción solar, la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos suplirá parte de la energía del suministro eléctrico convencional, y, como con este sistema se aprovecha la mayor parte de la energía generada para autoconsumo, apenas hay excedentes.
Esta sede judicial fue pionera en integrar una instalación fotovoltaica en su cubierta para generar electricidad renovable, que al tener ya más de 12 años y haber quedado obsoleta, ha sido sustituida por otra más moderna, siendo un ejemplo del progreso que ha experimentado esta tecnología con el paso del tiempo.
Renovación de los paneles solares
La actuación ha supuesto la renovación de los paneles fotovoltaicos, de aproximadamente 200 Wp, instalados durante la construcción del edificio, con una tecnología más antigua y en la que no se podía contabilizar el ahorro generado, por otros más eficientes. La producción de energía eléctrica renovable de la nueva instalación se estima en 63.565 kWh anuales.
Esta actuación será cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionado por el IVACE, donde se obtiene una ayuda cercana al 83 % del total de la inversión realizada.
Con esta nueva instalación, la Conselleria de Justicia y Administración Pública reafirma su compromiso con las medidas de ahorro, eficiencia energética y sostenibilidad, al reducir la huella de carbono de las sedes judiciales.
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