Niños jugando en casa. EFE La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
Mónica Oltra, ha explicado que su departamento ha elaborado un protocolo
que vela por la protección de los niños, niñas y adolescentes que
queden desprotegidos porque sus padres, madres o las personas tutoras,
acogedoras o cuidadoras que se hacen cargo de ellos resulten afectadas
por COVID-19 y no puedan atenderles.
El protocolo,
elaborado desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia y
remitido a los servicios sociales de atención primaria y a las unidades
de trabajo social sanitario, será de aplicación en aquellos casos en los
que las personas progenitoras o tutoras estén hospitalizados o hayan
quedado aisladas en sus domicilios, sin posibilidad de prestar atención a
los niños o niñas.
La vicepresidenta ha señalado que el
objetivo es "estar preparados por si se produce alguna situación de
estas características", y ha añadido que en la elaboración del mismo se
ha primado que la persona menor de edad pueda quedarse en su entorno
conocido, "primando las intervenciones en su propio medio escolar,
social y familiar" y preservando "las relaciones interpersonales",
manteniendo unidos a los hermanos y hermanas en las medidas de
protección que se adopten.
"En todos los casos se contará
con la colaboración de la persona protegida y de su familia", afrontando
la toma de decisiones desde "el consenso", ha indicado, y ha
puntualizado que en este sentido se garantiza el derecho de las personas
menores de edad a recibir "de forma accesible y adaptada a las
circunstancias información sobre su situación y de las medidas de
protección" que se le van a garantizar.
La intervención,
que se realizará en aquellos casos que lo requieran, será mínima y
proporcionada, "evitando cualquier injerencia innecesaria en la vida de
la persona protegida y de su familia", ha garantizado la vicepresidenta,
y ha indicado que por ese motivo siempre que sea posible se contactará
con la familia más allegada para que se hagan cargo de los niños o niñas
que se encuentren desprotegidos.
Oltra ha señalado que, en
aquellos casos en los que no exista una alternativa de atención en el
entorno, se valorará si es posible ejercer la guarda mediante un
acogimiento familiar de urgencia y, solo en los casos en los que resulte
imposible, se derivará a los niños, niñas y adolescentes a una de las
unidades de convivencia previstas para esta situación.
Unidades de convivencia
Las
unidades de convivencia se han planteado como "un espacio amigable
basado en la creación de un ambiente hogareño, confortable y cálido, con
una equipación y decoración adecuada al uso a que se destina, y a las
edades de las personas menores de edad que allí residan", ha manifestado
la vicepresidenta, quien ha explicado que el diseño de las mismas está
inspirado en el nuevo modelo residencial para la infancia y la
adolescencia en situación de desprotección puesto en marcha la pasada
legislatura.
Se respetarán, en todo momento, la religión,
identidad de género, identidad cultural y otras opciones personales,
siempre y cuando sean compatibles con la Convención de los Derechos del
Niño y se garantizará la participación de los niños y niñas durante todo
el proceso, estableciendo mecanismos y espacios de participación
adaptados a su edad y madurez.
Asimismo, se le asignará una
persona de referencia dentro de la unidad de convivencia para
establecer un vínculo de afecto y seguridad con la persona acogida y
para evitar que esta tenga que explicar en diferentes ocasiones su
situación o información personal, ha indicado la vicepresidenta.
Oltra
ha incidido en que se trabajará para que la estancia en el recurso sea
"lo más parecido en el día a día en el hogar familiar".
En
este sentido, se le permitirá llevarse sus enseres personales con el fin
de hacer más suyo el espacio de convivencia y se habilitarán los medios
necesarios para mantener contacto con sus familiares, amistades y red
de apoyo.
El protocolo también contempla la realización de
un plan individualizado de estancia que permita minimizar el impacto
emocional y psicológico, y en el que se incluirán salidas en el caso de
niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, como puedan ser
conductas disruptivas o trastorno del espectro autista, entre otros.
Comunicación a la Fiscalía
El
protocolo establece que en todos los casos, todas las medidas adoptadas
serán comunicadas a la Fiscalía de Menores de la provincia
correspondiente, y también incluye recomendaciones para los y las
profesionales sobre cómo afrontar la situación tanto en el caso de los
niños o niñas como de los y las adolescentes.
La
vicepresidenta ha incidido en que el trabajo que se realice en estos
casos, como el que se hace en cualquier política dirigida a personas
menores de edad, se basa en "un trato personalizado, afectivo, digno y
respetuoso".
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