En
la Edad Media era frecuente castigar determinados comportamientos con la pena
de ‘vergüenza pública’ que consistía en exponer al condenado en la plaza
pública para que recibiera azotes y escarnio por parte de los ciudadanos. Esta
práctica que nació con la Inquisición ha evolucionado y nos llega a nuestros
días en forma de ‘pena de telediario’, una condena cruel que muchas veces causa
más daño que los que pretende reparar y se alarga en el tiempo más allá de la
resolución del caso.
En
2016, Mónica Oltra decía sentir “vergüenza” de Rita Barberá y del Partido
Popular y consideraba que la exalcaldesa de Valencia “no tenía lugar en la vida
pública, aunque no esté imputada”. Esta misma semana, hemos conocido que el
Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la causa por la que fue llamada a
declarar la tristemente fallecida Rita. Señalando en el auto la ‘‘notoria
ausencia de indiciosque justifiquen debidamente la perpetración de los
elementos objetivos del delito”. ¿Quién repara el dolor, el oprobio, la persecución
pública de Rita y de tantos militantes del Partido Popular que fueron atacados
por una horda inmisericorde de militantes de izquierda? ¿Quién va a pedir
perdón?
La
misma Mónica Oltra que lanzaba furibundos discursos contra Rita Barberá desde
los platós nacionales de televisión, hoy se encuentra con un juez que pide su
imputación por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
Anunciaba en televisión española el cierre del centro de la Resurrección de
Segorbe, que luego se ha demostrado ilegal, mientras ocultaba las fechorías que
su marido estaba cometiendo en uno de los centros de menores que tenía que
vigilar. El verdugo se ha quitado la capucha y su rostro no puede resultar más
desagradable. Es imposible redimir tanto dolor causado.
Su
gran aliado en la Generalitat, Ximo Puig, decía que Barberá “debía dejar la
vida política por decencia’ y apostillaba que tenía que haber “comportamiento
ético previo a las decisiones judiciales en los partidos”. Hoy, otro juez,
investiga las subvenciones ilegales que Ximo le habría concedido a sus
familiares en Morella. Una conducta que, de probarse, sería completamente
inmoral y obligaría al ‘President’ a -en sus propias palabras- abandonar su
cargo público para no ser un ‘indecente’.
Los
que ayer tantas lecciones daban y tan fuerte se golpeaban el pecho contra la
corrupción y las conductas obscenas, hoy se ven atrapados en la misma hoguera
que ayudaron a encender. Mientras, tenemos una Comunitat Valenciana cuyo riesgo
de pobreza y exclusión ha aumentado un 33,8% para la clase media y un 44,7% en
las clases bajas y somos la tercera autonomía de España con más trabajadores en
paro. Un panorama desalentador que puede verse agravado por el momento de
crisis que vive nuestro país.
Los
que venían a ‘rescatar personas’ y a solucionar todos los males de la Comunitat
Valenciana nos han dejado una autonomía con más deuda, impuestos más altos,
misma financiación y un creciente problema de descrédito. El proyecto de Ximo
Puig y Mónica Oltra está agotado y en tiempo de descuento. No tienen nada más
que ofrecer a los valencianos a los que ya ni tan siquiera pueden mirar a la
cara sin sentir un ápice de vergüenza. Si la tuviesen, dimitirían.
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