Montanejos denuncia el plazo imposible para ejecutar una ayuda de 30.000 euros

Una semana para invertir, realizar y justificar 30.000 euros en el techado del palacete modernista de Villa Purificación. Es el plazo que ha dado la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Montanejos para ejecutar unos trabajos que costarían semanas y que, además se deberían licitar y adjudicar con el periodo burocrático que eso conlleva.

"La Generalitat lo hizo el año pasado y lo ha vuelto a hacer. El 9 de septiembre acababa el plazo para presentar las ayudas del Plan Restaura, nos presentamos, la resolución la han publicado el 11 de noviembre y nuestra sorpresa ha sido que dan una semana par ejecutar los trabajos, pagarlos y justificarlos porque el periodo de justificación finaliza el 17 de noviembre" ha lamentado el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, quien ha solicitado a la Generalitat Valenciana que "ponga un periodo de justificación de las ayudas acorde con la realidad de los proyectos presentados por los ayuntamientos y también acorde con la capacidad técnica de pequeños ayuntamientos con 600 habitantes y recursos limitados, como es el caso de Montanejos".

La resolución de las ayudas es del 7 de noviembre y se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat del 11 de noviembre. "Nuestros técnicos se esforzaron para presentar un excelente proyecto que ha recibido la subvención, pero ahora nos encontramos con que no lo podemos ejecutar y podemos perder el dinero si la Generalitat no amplía el plazo de las ayudas. Es una realidad con la que no solo se está encontrando Montanejos, sino que también afectará a muchos otros municipios de la Comunitat Valenciana ", ha lamentado el alcalde. De hecho, la subvención concedida a Montanejos es la máxima a la que se podía optar, lo que pone de relieve la calidad del proyecto presentado por la localidad del Alto Mijares.

No es la primera vez en la que Montanejos se encuentra en una situación de estas características. El 2024 la Generalitat también actuó de la misma manera, obligando a los municipios a no poder beneficiarse de las ayudas aprobadas por la imposibilidad de justificarlas.