Nules inicia hoy su recogida de firmas para cambiar la ley de aguas

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de octubre de 2024 provocó numerosas víctimas, desaparecidos y daños personales y materiales, especialmente en la provincia de Valencia, aunque también en otros puntos de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Se evidenció que, con una mejor planificación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, muchos de estos daños podrían haberse evitado. Se detectaron unas carencias derivadas de la falta de actuación:

• Falta de protección en zonas inundables.

• Mantenimiento insuficiente de cauces, barrancos e infraestructuras hidráulicas.

• Deficiencias en la ordenación del territorio.

• Protocolos de emergencia poco eficaces.

Además, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor superficie bajo estrés hídrico severo. El clima mediterráneo, presente en el 80% del país, lo hace especialmente vulnerable a las sequías, cuyos impactos sociales y económicos pueden frenar el desarrollo nacional. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU indica que el cambio climático provocará que las inundaciones y sequías sean más intensas y destructivas en el futuro.  El sector del agua en España sufre desde hace años una falta de inversión, estimada por los expertos en más de 22.000 millones de euros, especialmente para combatir inundaciones y sequías.

Además, hay una gran necesidad de renovar las infraestructuras del ciclo urbano del agua, responsabilidad de las entidades locales. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) cifra en 22.844 millones de euros las actuaciones previstas en los planes hidrológicos 2022-2027. Una cantidad similar fue planificada en el periodo 2016-2021, pero solo se ejecutó una cuarta parte. 

La actual Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) no recoge adecuadamente los principios que deben guiar la gestión del agua frente a riesgos naturales como inundaciones o sequías. En particular, se detectan dos limitaciones objetivas: 

• Carece de un enfoque en prevención y preparación frente a desastres naturales. 

• No prioriza la protección de la vida humana: se enfoca en el medio ambiente y el dominio público, pero no en las personas o el patrimonio.

El pasado 25 de marzo del 2025 un grupo de profesionales apolíticos de la sociedad civil conformado por José Luis Belmonte Puig, promotor e impulsor de la ILP; Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España; Ester Mocholí Ferrándiz, diputada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; y Rafael Ariño Sánchez, abogado experto en Derecho Público y Administrativo, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la reforma del artículo 14 de la Ley de Aguas (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) ante el Congreso de los Diputados. 

Una vez aprobado la tramitación pertinente, disponen hasta el 26 de febrero del 2026 para presentar un mínimo de 500.000 firmas válidas para que la iniciativa entre en las Cortes Generales. 

Esta iniciativa pretende incorporar como principios rectores de gestión en materia de aguas la protección de la vida, la integridad y la salud humanas, de las poblaciones, del patrimonio cultural y de la actividad económica, de forma que contemple la seguridad hídrica e inversión suficiente para la prevención y mitigación de los riesgos naturales, por inundaciones o sequía.

También se propone incorporar el principio de profesionalidad, capacidad e idoneidad técnica de los cargos de la administración pública del agua y de los puestos técnicos de ésta. Los profesionales con cualificación técnica son los que deben asumir las tareas de planificación, control y seguimiento hidrológico, así como la ordenación del territorio y el urbanismo, con el objetivo de minimizar el impacto de estos sucesos extremos futuros. Es imprescindible que este personal con la capacidad técnica suficiente ocupe los puestos de decisión, primando, especialmente en el ámbito hidrográfico, las decisiones técnicas sobre las decisiones políticas. 

El reconocimiento legal de estos principios permitirá trasladarlos a la gestión ordinaria del agua y contribuirá directamente a bienestar y la seguridad de la población frente a fenómenos cada vez más frecuentes y extremos. 

Entendemos que es fundamental la toma de decisiones y una adecuada y efectiva planificación de las obras hidráulicas en España que nos preparen y protejan ante futuros episodios similares a la fatídica DANA ocurrida en Valencia el pasado 29 de octubre del 2024, donde la protección de las vidas humanas ha de ser eje nuclear. 

Nules es un municipio afectado por esta cuestión, teniendo desde hace décadas pendiente la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del proyecto para el encauzamiento del Barranco del Torrent con salida directa al mar. La ejecución de estas obras conllevaría que parte del poblado marítimo dejase de ser zona inundable con la consiguiente mejora para la seguridad de las personas. 

Por ello, la plataforma vecinal Centrats en Nules (CeN), mañana sábado 9 de agosto de 2025 de 17 a 20 h, instalará una carpa frente al parque infantil del estany en la playa de Nules para recoger firmas en apoyo a esta ILP