Guardia Civil/EPDA Un vecino de Benicarló se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 28 de abril por intentar acabar con la vida de un médico de 65 años que no le dio cita presencial a causa de la pandemia el pasado mes de junio.
La Fiscalía Provincial pide siete años de prisión por un delito de intento de homicidio y sostiene que el procesado se presentó en el centro de salud de la localidad, después de que se le avisara por teléfono de que solo se podían atender urgencias por la actual situación sanitaria y, armado con un cúter, atacó al odontólogo al grito de: «te voy a cortar el cuello».
Según asegura el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, el paciente llamó al centro para pedir cita. Se le advirtió de que el facultativo le llamaría por teléfono, cosa que este hizo a las 19.30 horas. El doctor le explicó que solo podían atender casos de urgencia por la excepcional situación sanitaria a causa del coronavirus y, ante la insistencia del paciente, tuvo que cortar la comunicación. Al parecer, unos 15 minutos después el acusado se presentó en su consulta cuando estaba atendiendo a otra persona.
Una vez dentro, el odontólogo le reiteró que no le podía atender y entonces el procesado sacó un cúter del bolsillo, de unos 25 centímetros de hoja, y se abalanzó sobre él. Según el fiscal, dirigió el arma blanca al cuello del médico con la intención de acabar con su vida, alcanzándolo en la cara, el torno, el cuello y la mano izquierda. El facultativo se defendió como pudo y forcejeó con él.
Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una herida incisa profunda en la mano izquierda con sección arterial y muscular que requirió tratamiento quirúrgico. Además, sufrió otras lesiones en el cuello y una herida superficial de 32 centímetros en el abdomen, según consta en el referido escrito.
El facultativo padece, como consecuencia de los hechos, sintomatología de estrés postraumático y hormigueos y falta de sensibilidad en el dorso de la mano seccionada con el cúter.
El procesado, por su parte, presenta un diagnóstico compatible con un trastorno depresivo grave recurrente, trastorno de adaptación y de abuso de sustancias. En el momento de los hechos presentaba mermada su voluntad, pero conservaba su capacidad cognitiva, según el Ministerio Público.
Además de la pena de prisión sugerida, el fiscal aboga por dictar una orden de alejamiento para que el acusado no pueda aproximarse a menos de 500 metros del doctor ni comunicarse con él durante diez años. En el apartado de la responsabilidad civil, solicita que se indemnice a la víctima en la cantidad de 12.600 euros.
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