Susana Gisbert: "El discurso que niega la violencia de género nos ha pillado algo desprevenidos"

La fiscal Susana Gisbert durante la entrevista en una de las salas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. / Ana Gausach

Un momento de la entrevista./ Ana Gausach

Susana Gisbert tiene una dilatada experiencia como jurista. Empezó en la carrera fiscal en 1992. Tras varios destinos, entró como fiscal especializada en violencia de género y, más tarde, fue nombrada fiscal delegada de Delitos de Odio. Durante su carrera, se ha volcado en la defensa de las leyes y la igualdad. Una lucha que ha desarrollado tanto desde el ámbito jurídico como a través de su otra gran pasión, la escritura.

¿Cómo era la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas desde el ámbito jurídico en los años 90? ¿Había soporte legal suficiente para ello?

En los años 90 el término violencia de género no se empleaba, teníamos el término de violencia doméstica. Se empezaban a dar los primeros pasos. Debemos tener en cuenta que nuestro código actual es de 1995. Se empezaba a hablar, se empezaba a regular el delito de maltrato habitual pero eran cosas muy puntuales. De hecho la ley no sale hasta 2004, no hay secciones especializadas hasta entonces. Sí que es verdad que empezamos una sección con gente más o menos voluntaria a hacer cosas pero el soporte legal se reducía a apenas un artículo del código penal que no distinguía cuando era la pareja, el hijo o la madre… No había además más medidas que esas. Pensemos que la orden de protección o el alejamiento es del año 2003. Hasta entonces aunque una mujer denunciara un maltrato si luego la mandabas a casa con su marido que estaba denunciado y condenado y encima cabreado, la situación hacía que muchas mujeres desistieran de poner denuncia. Poco a poco, hemos ido avanzando tanto legislativamente como socialmente aunque aún nos queda camino por recorrer. Casi nos queda más camino social que legislativo donde, aunque las leyes son buenas, los medios que la implementan no siempre son tan buenos.

¿Qué supuso la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?

Supuso un cambio abismal. Pasamos de no tener una protección integral a tenerla para todo. Sí que venían dándose pequeños pasos pero son muy cercanos a la aprobación de la ley. En el año 2003 empezó a hablarse del alejamiento y la orden de protección pero, de repente, con la nueva ley las víctimas de la violencia de género tenían una entidad propia, unos juzgados propios y tenían sobre todo unas medidas propias que les propiciaban denunciar. Pensemos que si una mujer extranjera se encontraba con el riesgo de que la expulsaran o si una mujer denunciaba pero luego no le atribuían la vivienda o no sabía dónde ir con sus hijos, esa mujer no denunciaba. Y esta ley, al hablar de una protección integral, contemplaba todo. También contemplaba cuestiones que aún no se han acabado de desarrollar. Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación donde todavía nos encontramos con programas de televisión donde la igualdad parece que se queda muy atrás o la publicidad. Pero la ley contempla todo eso. Es una ley tan pionera y tan novedosa que todos los países de nuestro entorno han querido imitarla. Aún le queda desarrollarse, es como un edificio muy bueno, con muy buenos cimientos, pero de vez en cuando necesita una chapa y pintura y ahora estamos en ello.

¿Cuáles serían las principales debilidades de esa ley?

El desarrollo de la ley fue muy amplio. En materia judicial se crearon muy pronto los juzgados de violencia sobre la mujer aunque siempre se necesitan más. Pero hay otras materias, como la educación o los medios de comunicación, que parece que se hayan quedado en meras declaraciones de intenciones. Corremos el riesgo, en muchos casos, de que eso que se dice sobre la necesidad de educar en materia de igualdad quede en realidad en una charla el 25 de noviembre y en otra charla el 8 de marzo y que dependa mucho del director o directora de cada centro el que quiera hacer más cosas. Creo que esto es esencial y que se necesita una intervención mucho más decidida que esperemos que llegue con la ley de educación. Materias como la Educación para la Ciudadanía en su día podrían haber cubierto de alguna manera este flanco pero ya sabemos que la educación es una materia que, políticamente, sufre muchos avatares y ahí es donde está la asignatura pendiente: de cómo se eduquen nuestros niños y nuestras niñas dependerá el que en un futuro haya más o menos violencia de género.

¿Crees que hoy en días las mujeres nos sentimos suficientemente respaldadas y protegidas para dar el paso de denunciar a nuestras parejas?

Suficientemente protegidas no estamos nunca porque la violencia machista es un tema tan complejo y con tantas aristas que, en ocasiones, nosotras mismas tenemos barreras que nos impiden actuar. Hay casos en los que ves a mujeres que tienen dependencia económica, tienen el apoyo de todo el mundo y, sin embargo, la dependencia psicológica de su maltratador le impide dar el paso. Las mujeres que quieren hacerlo, en unos casos se sienten protegidas y en otros no tanto. Sí que es verdad que hay una ayuda del Estado pero pensemos que una mujer con cuatro hijos con 430 euros no puede hacer demasiadas cosas. Falta también información, si una mujer, por ejemplo, es inmigrante, no domina la lengua, y su pareja está constantemente hablándole del riesgo de la deportación, no sabe, sin nadie la informa, que si denuncia no la van a expulsar y que, además, le van a ayudar a mantenerse en territorio español y a tener un trabajo. Hay situaciones que pueden también ser muy complejas: pensemos en personas que tienen un negocio familiar y no saben cómo romper ese medio de vida… Podemos concluir que estamos más protegidas que estábamos hace tiempo pero toda la protección para que cualquier mujer pueda dar el paso sin dolor o con el mínimo dolor posible no la tenemos. La ley procesal española todavía tiene muchas fases que re victimizan a la víctima y, a veces, el dolor que supone pasar por todas esas declaraciones una y otra hace que mujeres se echen atrás. Esto es claro y por más que intentamos explicarles y hacer cosas es muy duro mantenerse luchando contra tu expareja en los tribunales un montón de tiempo.

Enarbolar la bandera del feminismo con tanta determinación, ¿le ha traído mucho problemas en su carrera profesional?

En mi carrera profesional, no. Aquí nos dedicamos a aplicar la ley. Sí que es verdad que hay determinados sectores para los que la violencia de género es como si fuera derecho de segunda clase pero problemas en el ámbito profesional no he tenido. Los he tenido más fuera porque cuando te estigmatizan con una etiqueta, los acosos en redes sociales, la actuación de los ‘haters’ es constante. Es duro decir que es el precio a pagar pero, a veces, tienes que plantearte si lo bueno compensa a lo malo y, en mi caso, lo hace de sobra. Incluso en la última suplantación que he tenido en Twitter han sido mucho más a valorar las reacciones positivas y desde donde han venido, la Fiscalía General del Estado, la Ministra de Justica…, que la molestia o lo negativo que me supone sufrir esto.

Sin ir más lejos, a principios de noviembre Susana Gisbert era víctima de un ataque en redes sociales, concretamente en Twitter, donde es usted muy activa, donde suplantaron su identidad con una cuenta que la llama ‘la fiscala feminazi’. ¿Cómo vivió esa situación?

Lo viví con angustia y con enfado. Al principio reaccioné pensando que era más de lo mismo porque yo pongo todos los días un tweet contra la violencia de género y siempre hay algunas cuentas que me responden de muy malas maneras. Pero esto ya era excesivo. Una amiga periodista me hizo ver la necesidad de dar difusión a lo sucedido y tenía razón. La reacción fue tan positiva desde tantos sectores que, al final, lo bueno compensa lo malo, pero ojalá no hubiera tenido que vivir esta situación. La cuenta sigue ahí y todos los días ves publicaciones, me etiqueta… Además, con estas cosas, al principio recibes muchos apoyos pero, luego, la actualidad manda, la gente se olvida pero el dolor sigue ahí.

No es la primera vez que se enfrenta al discurso del odio en las redes sociales, ¿Cómo se pueden perseguir estas conductas? ¿son eficaces las leyes actuales para tratar de erradicarlas o hay demasiada impunidad?

No olvidemos que nuestra ley procesal penal es del siglo XIX. Por más que haya sido remodelada, re ampliada o re parcheada el sistema es del siglo XIX y no está pensado para estas realidades. Si a esto le añadimos las características de las redes sociales, la instantaneidad, el hecho de que no haya una ubicación física que determine la competencia hace muy difícil perseguir el hecho en sí. Luego también los mensajes no siempre son fáciles de incardinar dentro de un tipo concreto del código penal. El delito de odio exige, por ejemplo, la incitación al odio. No basta con que manifiesten el odio con una de estas motivaciones. Hay muchas líneas que hay que traspasar y es difícil. Ahora sí que el código ha regulado el acoso a través de redes e, incluso, la utilización de la imagen para menospreciar o humillar a alguien. Este hecho ha facilitado las cosas pero tenemos dos problemas, la tipificación, la prueba y pillar a los culpables.

Si hace balance de lo que ha sucedido desde esos años 90 hasta ahora, ¿en qué punto considera que está la sociedad española en materia de violencias machistas?

Si me hubieras hecho esta pregunta hace cinco años hubiera sido mucho más optimista de lo que soy ahora. Creo que hubo un momento en que, sobre todo a raíz del asesinato de Ana Orantes y de una serie de reacciones que se produjeron, teníamos un grado de concienciación muy elevada y un consenso social que hacía que el discurso que negaba la violencia de género fuera tan políticamente incorrecto que nadie lo gastaba. Hemos llegado a un momento en que hay determinados partidos políticos que niegan la violencia de género y están teniendo voz en las instituciones, con lo cual está manejándose un discurso que ya parecía superado. Así que, aunque el grado de concienciación es importante, el grado de desconcienciación también es importante. Esto antes no lo teníamos y ahí sí que tenemos un problema porque la gente joven ha perdido ese nivel de alarma que tenía y eso sí me preocupa. También puede que sea nuestra responsabilidad el haber bajado la guardia, el haber dado por sobrentendido que todos estábamos en contra del violencia de género y estos movimientos nos han pillado un poco desprevenidos. Luego, lamentablemente, tenemos una especie de impermeable en el cerebro que cuando te torpedean varias noticias sobre lo mismo al final le haces poco caso. La prueba más reciente ha sido el último asesinato de una mujer en Móstoles y de una niña de 6 años en Móstoles que no ha tenido la repercusión que hubiera tenido hace dos o tres años.

¿Existe un perfil concreto del maltratador de violencia de género?

Radicalmente no. Se ha intentado decir que es una cuestión de clase social, de edad, de educación, de nacionalidad…, pero los tenemos de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todo el espectro político y de todas las clases sociales. Sí que es verdad que en las clases sociales altas y económicamente pudientes podríamos hablar de una bolsa oculta de maltrato porque en mujeres que tienen una formación hay una vergüenza a denunciar que en otras capas sociales no detectamos, hay además posibilidades de divorciarse con dinero por medio que en otras capas sociales no hay. Pero hay de todas las posibilidades. Yo también pensaba que era una cosa que se relacionaría más con gente de determinada edad y que las nuevas generaciones educadas en igualdad que no han vivido sus madres el franquismo ni la educación de antes tendrían otro punto de vista y no es así. Incluso diría que se nota cierta regresión en la gente joven respecto a su concepto de la violencia de género.

De todos los casos de violencia de género sobre los que ha trabajado ¿Cuál ha sido para usted el más duro?

He tenido varios que han sido duros, por ejemplo, cuando personalmente tuvimos que levantar un cadáver y vimos a esa mujer con un cuchillo jamonero clavado como el que tienes en tu propia casa. Esa imagen cuesta irse de la cabeza y no te abandona del todo. Recuerdo especialmente el caso de una señora que vino al juzgado, no quiso denunciar y luego apareció muerta en la bañera. A él sí que se le llegó a imputar, no a acusar, fue a la cárcel y falleció por muerte natural y nunca fue juzgado, pero hubiese sido muy difícil porque sospechábamos que había sido él, pero no llegó la investigación más adelante. El hecho de que esa situación existiera unos días antes y no haber podido hacer nada por ella porque no existía denuncia por más que intuyas o sepas no cuenta nada, le pusimos una orden de protección, pero la misma mujer dio lugar a que él estuviera con ella. Saber que alguien ha estado ahí y hasta qué punto podrías haber hecho algo es una sensación que no te abandona nunca.

Los medios de comunicación han cambiado su tratamiento a lo largo de estos años respecto a noticias de violencia de género ¿crees que están haciendo un buen trabajo o aún están en el camino de conseguirlo?

Hay que distinguir dos grandes bloques. En general, lo que se hace en informativos y prensa escrita es muy positivo, está trabajándose mucho, se han hecho muchos decálogos y normas y se intenta trabajar bien, preguntan mucho, se hace mucha didáctica. Algo que sí que echo de menos es que al igual que se hace el seguimiento al principio, luego no se saquen las consecuencias, las noticias en positivo que creo que son muy importantes porque al final solo sale lo malo, pero no se publica si el culpable es castigado o casos de mujeres que han salido adelante, no se hace tanto como me gustaría. No obstante, creo que se ha hecho una gran labor y hay que dar gracias a la labor de los medios de comunicación y su apuesta firme a raíz del asesinato de Ana Orantes, el cambio de ubicación de la sección de ‘sucesos’ a la sección de ‘sociedad’ en los periódicos fue muy importante para dar ese cambio social y legislativo. Con el cambio en los medios de comunicación, la prensa digital, la instantaneidad y la proliferación de redes da lugar a que haya programas que no controlamos, tertulias donde dicen cosas que hacen mucho daño a la violencia de género, no tanto a lo mejor en medios que son más o menos convencionales, pero sí de otros medios. En algunos programas de televisión que manifiestamente exponen situaciones de desigualdad como, por ejemplo, ‘Granjero busca esposa’, ‘La Isla de las Tentaciones’ o ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ son programas que no desaparecen de la parrilla, pero están vendiendo unos estereotipos que pasan a formar parte del ideario colectivo y es realmente peligroso, porque no olvidemos que, en la violencia de género, la raíz la tiene la desigualdad y la vacuna la tendría la igualdad.

Hablemos del fantasma de las agresiones sexuales en grupo o ‘manadas’ como se les ha denominado tras el caso de Pamplona. ¿Debe la justicia ser más dura con estos delitos?

Creo que la dureza de la justicia nunca tiene la respuesta y el derecho penal solo tiene el castigo. El hecho de que una persona vaya a violar o matar a otra y para a pensar si le van a condenar a diez o a treinta años no va a hacerle desistir de su acción porque diez años ya es una condena grave y nadie voluntariamente busca esto. Está bien que se les castigue por lo que ha hecho esta persona tanto por la prevención especial como por la general que es para que futuros violadores sepan que esto no sale gratis y futuras víctimas se decidan a denunciar. La solución nunca está ni en incrementar las penas ni en el derecho penal, la solución está mucho antes, en la educación, formación y en prevenir estas conductas, no en castigarlas cuando ya se han cometido.

El caso de la ‘manada de Pamplona’ fue muy mediático, especialmente cuando se publicó su sentencia, ¿entiende que la gente se manifieste en contra de lo dictado por el juez cuando no están de acuerdo con su condena?

Lo entiendo perfectamente. De hecho, en su día hubo un movimiento por parte de la judicatura y Fiscalía donde se llevaban las manos a la cabeza porque la gente saliera a las calles a protestar por sus decisiones cuando nosotros mismos estábamos protestando de las decisiones de otro poder del Estado como el legislativo o el ejecutivo cuando nos congelaron los sueldos o no nos daban medios. Somos tres poderes del Estado en una situación de democracia y que salgamos a la calle, siempre que no excedamos los límites de lo permitido, para protestar por las resoluciones de otro poder hay que admitirlo como parte del juego democrático y como parte incluso de la posible evolución de las cosas.

Ahora es usted delegada de delitos de odio, ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en este ámbito?

Me ha llamado la atención varias cosas. En primer lugar, que hay muchos más delitos de odio de lo que una cree. Tendemos a pensar en el discurso de odio de redes y demás y ahora lamentablemente ya me he acostumbrado, pero al principio me resultó muy llamativo que todavía haya gente que por la calle pega a alguien por el simple hecho de ser dos hombres cogidos de la mano, dos mujeres besándose, la ideología o por cualquier otra “circunstancia”, pero que haya gente tan intolerante que haga esto y que además llegue a la agresión física me llamó terriblemente la atención. Otra cosa de la cual estoy acostumbrándome, me llama la atención y estoy intentando en la medida que mi trabajo puede hacerlo en evitarlo, es una frase que oigo con mucha frecuencia, “no es la primera vez que me pasa, pero es la primera vez que denuncio”. No me gustaría que la gente que se siente discriminada por razón de su origen, sexo, orientación sexual ni nadie tenga que asumir que determinadas cosas tengan que soportarlas. El otro día hablaba con una mujer del secretariado gitano y me comentaba que el pueblo gitano tiene asumido que determinadas discriminaciones forman parte del acervo colectivo, tienen que soportarlas y cuando denuncian es cuando superan esos límites.

Si hablamos de datos, ¿ha habido un repunte de delitos de homofobia y racismo o es solo una percepción al tratarse de temas más mediáticos?

Dos cosas claras. Un dato objetivo es que han aumentado las denuncias y eso no puede discutirse. Lo que hay que saber es si han aumentado las denuncias porque la gente se anima más a denunciar o es que han aumentado los casos y por eso llegan más y creo que es una mezcla de ambas. La polarización de la sociedad da lugar a conductas violentas con un grado de discriminación que antes a lo mejor no se hacían y que gente que sufría esas conductas no las denunciaban y ahora se animan a hacerlo.

Las redes sociales parecen un foro de denuncias públicas, ¿eres partidaria de ello?

Es importante decirlo por redes sociales, en Twitter muchas veces digo “esto no es una oficina de denuncias” y reafirmo que la Fiscalía está a disposición de quien viene a denunciar. Aunque tengan la duda de si es delito o no ya lo determinaremos nosotros. Lo que se denuncian no son delitos, la gente cree lo contrario, pero no es así, lo que se denuncian son hechos. Los encargados/as de determinar si esos hechos son delictivos o no somos nosotros. Si crees que una conducta contra ti es ilícita e ilegítima, denúnciala y ya decidiremos, a lo mejor es un delito, delito leve u objeto de una sanción administrativa, pero que nadie tenga miedo.

¿Cuál es el trámite para denunciar estas situaciones?

Para denunciar este o cualquier otro tipo de delitos pueden hacerlo en Fiscalía, ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en el Juzgado de Guardia. Como fiscal y como fiscal encargada, me gustaría decir que la gente sepa que la Fiscalía está a su disposición porque estamos especializados y los juzgados como tienen otra manera de funcionar y se rigen por el principio del juez natural no tienen esa especialización. Al final va a llevarlo un juzgado, pero si ha pasado por Fiscalía nos será mucho más fácil diagnosticar y localizar ese hecho que si es al revés, el compañero que lleva ese juzgado es el que tiene que mandar todo y por el camino se pierden muchas cosas. Existen otras posibilidades como, por ejemplo, hay un montón de ONGs, acudir a LAMBDA, SOS Racismo o a cualquiera de estos servicios que son los que acompañan, vienen y denuncian ante nosotros, hay muchas posibilidades, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto una oficina y sé que en otros sitios están haciendo iniciativas semejantes. Al final se trata de que estos hechos se juzguen si son delito a nivel juzgado y ayudándonos con la Ley de Igualdad de Trato que reconoce muchos hechos de discriminación que no llegaban a ser delito, pero que tampoco era cuestión de que se quedaran en nada.