Teresa Ortiz. EPDA. El pasado 21 de julio, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, nos sorprendía con unas declaraciones en la que proponía "un impuesto a las rentas más altas madrileñas", creando así un fuerte e innecesario debate político en el que se volvían a poner en el punto de mira las políticas de la Comunidad de Madrid y a su presidenta Isabel Díaz Ayuso. A estas declaraciones, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y titular de Educación, Universidad y Ciencia, Enrique Ossorio, aprovechaba para contestar que "los dirigentes incompetentes no tienen que cargar las culpas sobre los que lo hacen bien".
Las declaraciones de Ossorio supusieron una interminable serie de críticas y contracríticas entre los principales dirigentes de ambas comunidades. En ese contexto, Isabel Díaz Ayuso volvía a intentar otorgarse para sí misma el papel de 'dama de la libertad' y de 'abanderada de la resistencia' contra la izquierda, saliendo en defensa de los madrileños, lo pidan ellos o no. Lo cierto es que el plan de los gobiernos socialistas atacando continuamente a Isabel Díaz Ayuso solo está provocando un efecto de potenciación del propio plan antagonista de la presidenta madrileña. Tendríamos que preguntarles a los socialistas si lo que realmente buscan es potenciar la figura de Isabel Díaz Ayuso o solucionar con eficacia los problemas de los ciudadanos. Si con todo esto están buscando con buena fe lo segundo, entonces sí que hay un problema muy grave en el proyecto del PSOE para Madrid y para el resto de territorios de España.
Con todo, quiero pensar que Ximo Puig solo pretendía llamar la atención cuando hizo estas declaraciones sobre Madrid, sin tener fundamento económico alguno detrás. Las palabras de Puig acerca de que Madrid tiene un mayor número de funcionarios por ser la capital y que deberían descentralizarse las instituciones públicas, sin valorar el coste de toda esta descentralización, me incita a pensar que Puig no pone en valor y no defiende las ventajas, fortalezas y oportunidades de nuestra propia Comunidad. Éstas, entre otras muchas, son tener el principal puerto del Mediterráneo o un litoral de costa que atrae gran número de turistas. Sin embargo, lo que tiene realmente pendiente Ximo Puig con el Estado español es la reforma de la financiación autonómica, que sigue en el candelero y para algunas comunidades como la valenciana, esto se convierte en un tema vital de abordar. Un tema, donde un presidente autonómico del mismo partido que el presidente del Gobierno de España, tendría que mostrar y demostrar una mayor facilidad para tener puntos clave de encuentro y entente con el Gobierno de la nación.
En todo lo leído, visto y escuchado estos días pasados detecto dos puntos absolutamente incomprensibles. El primero es la actitud del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, haciendo referencia directa en todo el asunto a los dirigentes autonómicos, pero no a los ciudadanos o contribuyentes, que es lo que debería hacer un verdadero político. Por otro lado, en el debe economicista de Ximo Puig, es también incomprensible su planteamiento teórico acerca de tratar de grabar las rentas más altas madrileñas. Las medidas que propone Puig podrían suponer no solo un grave perjuicio para la Comunidad de Madrid, sino para toda España. Recordemos el "supertax" francés, que en 2012 impuso François Hollande y que supuso un éxodo de grandes fortunas, como el famoso actor Gerard Depardieu o el empresario del lujo Bernard Arnault, entre otros. Este impuesto tuvo que derogarse solo dos años más tarde, habiéndose obtenido unos ingresos muy inferiores a los esperados.
Señor Puig, si me lo permite, déjeme aconsejarle que en vez de molestar a media España con toda esta perorata gratuita, promueva de una vez por todas una armonización fiscal, que nos permita tener las mismas ventajas en todo el país. Esta armonización fiscal nos llevaría a los valencianos a no pagar un tipo marginal máximo de 10 puntos superior al de la Comunidad de Madrid, tener bonificado al 100% el impuesto de sucesiones y donaciones y gozar de otro tipo de ventajas e incentivos fiscales, que permitan hacer de la Comunidad Valenciana un destino inversor igual de apetecible que la Comunidad de Madrid.
En todo este debate, lo que sí que es cierto es que contar con 17 sistemas fiscales dentro de un mismo país, impulsa de facto a una desigualdad, que no se corrige subiendo los tramos fiscales de aquellas comunidades que han decidido atraer mayor inversión o capital humano. Una subida de los tramos fiscales solo impulsa una bajada de la inversión y del consumo. Sólo hace falta irse a los modelos más básicos de macroeconomía para entenderlo, al margen de poder darse un ruinoso éxodo de los ciudadanos españoles a aquellas comunidades autónomas con mejor situación fiscal.
En la práctica, la desigualdad se corrige realmente implementando medidas que sea justas para todos los ciudadanos del mismo país. Una de estas medidas sería la exención del Impuesto de Sucesiones o Donaciones, que desde Ciudadanos hemos conseguido derogar en aquellas comunidades en las que gobernamos, como es el caso de Castilla León y Andalucía, o en las que hemos gobernado hace poco, como ha sido en Murcia. Por ese motivo reitero el mensaje acerca de la capacidad de mi partido, Ciudadanos, para gobernar con eficacia para todos y todas, con total capacidad, solvencia y enfoque hacia la resolución de los problemas y satisfacción de las necesidades de las personas.
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