Fachada del Tribunal Supremo. EFE-ArchivoLa Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de intrusismo y estafa a dos hombres que, sin la titulación requerida para ejercer como médicos, engañaron a una veintena de pacientes en una clínica privada de Vinaròs (Castellón), donde se presentaban como médicos, examinaban a los enfermos, diagnosticaban enfermedades de todo tipo y prescribían tratamientos diversos, incluido en algún caso tratamientos con células madre, trasplantes y cirugías no menores.
Uno de ellos contaba con un título privado de terapias naturales, y el segundo títulos extranjeros relacionados con ciencias de la salud, pero carecían de titulación expedida o reconocida en España para ejercer la medicina, según ha informado el alto tribunal en un comunicado.
Además, el Supremo destaca que lo que hicieron con los pacientes eran actos propios de la profesión de médico, que excedían de cualquier ámbito que pueda otorgársele a cualquier especifidad de la denominada "medicina alternativa".
El alto tribunal aumenta sus condenas, en relación a las impuestas por la Audiencia de Castellón, desde los 3 años a los 4 años y medio de cárcel, en relación al acusado Frederic Gisbert, y desde los 2 años y 9 meses a los 4 años y medio, a José Manuel López Pérez, al estimar la agravante en el delito de estafa al haber recaído el engaño en un bien de primera necesidad como es la salud.
También eleva la condena por el mismo motivo a María Josefa Álvarez Aragón, esposa del primero y que realizaba funciones de recepcionista en el centro, y que como cómplice de intrusismo y estafa,, es condenada a 2 años y 1 mes de prisión.
El alto tribunal ha estimado el recurso de la Fiscalía y parcialmente el de la acusación particular en nombre de cinco de los perjudicados, al acoger la concurrencia de la agravante de afectar los hechos a bien de primera necesidad. Por su parte, desestima íntegramente los recursos de los tres acusados.
El Supremo reconoce indemnizaciones por un total de 137.000 euros para 22 perjudicados, de los cuales 110.000 (5.000 por cada uno de los afectados) corresponden a daño moral, y el resto a dinero satisfecho por los tratamientos, que en la mayoría de los casos fueron absolutamente ineficaces. Deberán abonar las cantidades solidariamente Frederic Gisbert y su mujer, propietarios del local donde se montó la clínica, y en nueve de los casos deberá pagar también de forma solidaria el otro acusado.
El alto tribunal valida la incorporación a la causa y la admisión como prueba del DVD que contiene copia de un programa de televisión referido a las actividades de la citada clínica, que uno de los acusados sostenía que supuso una vulneración de los derechos a la intimidad y a su propia imagen por tratarse de un reportaje realizado con cámara oculta.
El Supremo recuerda que la jurisprudencia tanto suya como del Tribunal Constitucional no indica que, siempre y en todo caso, un reportaje con cámara ocultar sea ilícito, y en este caso entiende que no lo es porque la Audiencia de Castellón ponderó los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad al respecto.
Por ello, considera que fue acertado "no excluir el DVD resultante de la grabación con cámara oculta por parte de periodistas que quisieron comprobar lo que pacientes de otra localidad narraban de diagnósticos y tratamientos dispensados por estos inculpados; por tanto materia de interés público en cuanto se proyectaba sobre la salud; y ello sin que mediara presión, connivencia, direccionamiento ni consejo de organismos públicos de investigación, donde los grabados se mostraron con naturalidad como si de cualquier paciente se tratara".
