EPDALa Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE correspondiente al mes de octubre aprobó en su última reunión celebrada e Càlig una resolución propuesta por la vicesecretaria de Militancia y Derechos, Ruth Sanz, respaldando la apuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de derogar la Ley Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, conocida coloquialmente como la LEY MORDAZA. Y es que el PSPV-PSOE considera que Pedro Sánchez está en lo cierto cuando dice que "ninguna sociedad es realmente libre si persigue la libertad de expresión".
Los socialistas de Castellón rechazan ese texto legal hoy vigente "porque supone una vuelta al Estado Policial, que instaura el Derecho Administrativo Sancionador del enemigo".
El rechazo está plenamente justificado porque se trata una ley diseñada para acabar con la disidencia e impedir las protestas ciudadanas, porque considera que quien protesta altera la tranquilidad pública, un concepto que por otra parte no tiene concreción constitucional.
Es una ley que concede a la Policía poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, mediante la penalización de ciertas sospechas. Y supone una inversión del orden constitucional porque con ella el objetivo fundamental de las funciones de las fuerzas policiales deja de ser el libre ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales para que prevalezca la seguridad ciudadana por encima de todo lo demás.
La Ley Mordaza instaura el derecho administrativo sancionador preventivo que se puede poner en marcha con la existencia de meras sospechas. "Nos parece muy grave porque interfiere con el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como las libertades de reunión, manifestación y expresión".
Al PSPV-PSOE le parece totalmente inaceptable que el derecho administrativo sancionador se solape con el derecho penal, entrando a castigar las mismas conductas que éste. Y que lo haga introduciendo unos tipos punibles muy ambiguos, fijando multas desproporcionadas que lesionan los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en la sanción. "Se da la circunstancia de que la sanción administrativa contempla en ocasiones penas más duras que las que supondrían una sanción penal por idéntico motivo".
Y es que "los principios de la LEY MORDAZA del PP son claros, se criminaliza la disidencia ideológica bajo el argumento de que esa disidencia altera el orden público y la seguridad ciudadana. Además se justifican intervenciones policiales y detenciones desproporcionadas".
Instaura además la 'culpabilidad solidaria' que se extiende tanto a quienes convocan, organizan y dirigen un acto, como a quien participa sin saberlo en una actividad prohibida por una orden policial que se emite sin control judicial, por la mera existencia de sospechas o indicios.
