Fernando Roig contesta a las preguntas del juez en la causa contra Fabra

El presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, ha afirmado hoy haber "contestado lo que le ha preguntado el juez" y estar "de puta madre" tras haber declarado como investigado en la causa abierta contra el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, por un préstamo que le concedió al exlíder del PP.

Roig ha declarado hoy a las 11 horas en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón que instruye esta causa, en una jornada en la que también han declarado cinco empresarios más.

Preguntado por si "está tranquilo", el presidente del Villarreal CF ha dicho estar "de puta madre".

A todas las diferentes preguntas formuladas por los medios de comunicación, Roig ha reiterado que "he contestado lo que me ha preguntado su señoría".

Roig ha comparecido tanto en su propio nombre como por ser responsable de la mercantil Portovan S.L., que concedió un préstamo con garantía hipotecaria a Fabra por valor de 1,4 millones de euros.

Además de el presidente del Grupo Pamesa y de los otros cinco empresarios, otros empresarios están citados a declarar por la misma causa los días 25 y 26 de enero.

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra declaró el pasado 28 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, después de que el 22 de septiembre su domicilio en la localidad de Oropesa del Mar fuera registrado por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.

El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

El exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, además de tener que pagar una multa de 693.000 euros y de indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.