LM63. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 07-08-2016.- El tirador español Alberto Fernández participa en la prueba clasificatoria de tiro al plato hoy, domingo 7 de agosto de 2016, en el Centro Olímpico de Tiro de los Juegos Olímpicos Río 2016 en Río de Janeiro (Brasil). EFE-LEONARDO MUÑOZ
"Confundiría los números" porque "tomaba medicación y estaba mal de la vista y mareado", ha contestado al ser preguntado, en la Audiencia Provincial de Castellón, si hizo registros no veraces -con nombres y DNI de hasta seis personas diferentes- en los libros simulando ventas de cartuchería que no se habían llevado a cabo.
El exdirectivo de Tiro ha sido juzgado por haber vendido munición incumpliendo la normativa y falseando los apuntes del registro de la entidad, así como por almacenar en su casa más de diez kilos de pólvora y más de 5.000 pistones, aunque ha negado haber realizado ventas o anotaciones ilegales.
El acusado no ha negado haber almacenado en su casa tal cantidad de pólvora pero ha justificado su origen en que hacía 30 años que era tirador y fue dueño de una armería, y que por eso había acumulado esa cantidad de material explosivo.
La Fiscalía pide para él ocho años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad, ya que considera que anotó en el registro de material de la Federación diversas entregas realizadas hasta a seis personas, que no recibieron ese material, y por un delito de tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos.
Según el relato de la fiscal el hombre pretendía obtener un beneficio patrimonial ilícito prevaliéndose de su condición de vicepresidente de la Federación ya que era el que se encargaba de la custodia y el control de la cartuchería y la pólvora adquirida por la entidad para su distribución entre los tiradores socios del club.
Este extremo ha sido reconocido este miércoles por el acusado en el juicio ante la Sección Segunda de la Audiencia donde han comparecido cinco de las personas que aparecían en los registros de la Federación como compradores de munición de pólvora -y una sexta que ya ha fallecido y cuyo testimonio en instrucción se ha leído en la sesión-.
Todos han afirmado no haber comprado ni recibido nada del acusado e incluso dos de ellos han afirmado no haber estado nunca en Castellón.
También han comparecido varios socios de la Federación en Castellón, quienes han asegurado que puntualmente o durante largos periodos entregaron sus autorizaciones de recarga (que les permitían comprar pólvora y munición) al acusado para que lo hiciera por ellos.
Uno de los agentes de la Guardia Civil que instruyó la causa ha relatado que en el registro de la casa del acusado se hallaron más de diez kilos de pólvora y más de 5.000 pistones (necesarios para que la munición sea útil) mientras que lo legal es que no se almacene más de un kilo y 500 pistones por persona.
Además, se encontró el material sin ninguna medida de seguridad, incluso esparcido por encima de varias mesas.
El agente ha explicado que se sospechaba que el acusado vendía munición recargada fuera del mercado legal a personas "que no sabíamos si podían comprarla", según ha declarado, y que había comprado en varias armerías "fuera de lo anotado" en los registros.
La fiscal, en su informe final, ha asegurado que el acusado poseía un "depósito clandestino" para "traficar" con esa munición y pólvora.
La defensa del acusado ha explicado que se le puede acusar de una infracción administrativa y que la causa comenzó con "un altercado" de su defendido "con un guardia civil que frecuentaba la Federación, que fue instructor de la causa" y que "se ha excusado" de comparecer este miércoles.
