El grupo parlamentario Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha presentado en la Junta de Portavoces del Congreso, para su debate en pleno, la propuesta de Comisión de Investigación que registró hace meses junto a Compromís. Ante el voto favorable del grupo socialista, Àngela Ballester, diputada por València, afirma: «celebramos que nuestra iniciativa siga adelante, hay mucho que esclarecer y aplaudimos que el PSOE haya votado a favor de que se pueda debatir en Pleno a pesar de tener cargos implicados».
«Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos en el Congreso para que la semana que viene esta comisión sea una realidad, es una oportunidad para saber, depurar responsabilidades y sobre todo evitar que se repita», ha añadido la diputada valenciana, «más de 1.300 millones de euros de gasto (muchos más según alguna organización de consumidores) que asumimos todos y todas con nuestros impuestos merecen una investigación y que se depuren responsabilidades».
Para Ballester el proyecto Castor fue «un error y una estafa». En este sentido ha manifestado que «no solo era un proyecto innecesario y dañino para nuestras costas, también para los bolsillos de todos y todas los que ahora tenemos que pagar los platos rotos de aquella operación irregular. Fue una prueba más de un modelo energético pensado para satisfacer los intereses de grandes corporaciones a costa de los intereses de la ciudadanía».
Unidos Podemos y Compromís solicitaron hace meses la creación de una Comisión de Investigación para que se estudien las irregularidades del proyecto Castor tras hacerse público un documento del Ministerio de Energía que demuestra que el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a ACS, la empresa de Florentino Pérez.
El objetivo de la Comisión planteada por la formación morada y la coalición valencianista es «esclarecer las responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor».
Enric Pla, alcalde de Vinarós, uno de los municipios más afectados por los movimientos sísmicos provocados por la plataforma, ha recordado que «todo el proceso estuvo salpicado de irregularidades (ausencia de informes económicos, carencia o rebaja de informes técnicos, exenciones de controles y de exigencias y establecimiento de indenmizaciones) y ha quedado en evidencia que se trabajó mucho más en la indemnización "exprés" a los promotores que en los factores técnicos, ambientales, energéticos, humanos y económicos».
«El Castor es uno de los fracasos más importantes de la historia de las infraestructuras energéticas. Un proyecto innecesario e inviable que el Gobierno consideró estratégico. El tiempo ha demostrado que respondió a una planificación errática basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que no se correspondía con la realidad», ha añadido, «ahora toca insistir en la importancia de que los y las congresistas abran la posibilidad de que los españoles y españolas puedan saber el porqué de determinadas decisiones y asuman su responsabilidad aquellos que propiciaron un proyecto que ha causado tal prejuicio a las arcas públicas y a los consumidores y tal desastre medioambiental.»
El alcalde ha solicitado además el inmediato y total desmantelamiento de la planta «para evitar riesgos medioambientales y nuevos seísmos», el restablecimiento del paisaje y el entorno ambiental y el resarcimiento a los propietarios de las servidumbres afectadas por el gaseoducto.
La construcción de la plataforma marítima "Castor", que debía aportar a la comarca del Baix Maestrat castellonense medio centenar de empleos, consumo de servicios y desarrollo de empresas auxiliares culminó con unas pruebas de inyección de gas que provocaron centenares de terremotos, algunos de ellos de entre 3 y 4,2 grados en la escala de Richter, que extendieron el miedo en toda la zona.
Oficialmente, la plataforma Castor ha costado a los ciudadanos y ciudadanas españoles más de 1.350 millones de euros, a los que se pueden sumar otros 295 por derechos reportados por la concesionaria y un mantenimiento anual de 15 millones. Según las organizaciones de consumidores, el costo final podría superar los 4000 millones que según Enric Pla constituyen «un claro ejemplo de la práctica demasiado habitual de rescatar con el dinero de todos y todas una inversión privada que ha terminado en fiasco». Hay que recordar además que los usuarios y usuarias de gas están pagando un recargo en su factura para afrontar estos gastos.
