Una patrulla de la Policía Nacional. EFE/Mariscal La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado una red criminal dedicada a la explotación de personas para trabajar en plantaciones de marihuana, operación en la que han detenido a 36 personas, 34 de ellas en la provincia de Barcelona y dos en Castellón.
Según informan este viernes ambos cuerpos policiales, durante el dispositivo conjunto, en el que participaron más de 750 agentes, se han desmantelado además 15 plantaciones de marihuana
De los 36 detenidos, de diferentes nacionalidades, cinco han ingresado ya en prisión provisional y la policía no descarta el arresto de más personas vinculadas a esta banda, que se dedicaba también a la cría de gallos para peleas clandestinas.
Las víctimas de esta organización criminal llegaban a España bajo la promesa de desarrollar una actividad distinta a la que finalmente realizarían a su llegada, ya que eran obligados a trabajar en las plantaciones de marihuana.
Inmigrantes engañados
La banda criminal se aprovechaba de personas extranjeras procedentes de países latinoamericanos en situación de vulnerabilidad, a las que captaban mediante engaño en su país de origen. Una vez en Barcelona, les obligaban a realizar labores de cultivo y seguridad en las plantaciones, todo ello bajo el control del entramado, que no dudaba en hacer uso de la violencia cuando las víctimas no obedecían sus órdenes.
Las víctimas llegaban a España en viajes de apariencia turística e, incluso, el grupo criminal les proporcionaba una cantidad de dinero en efectivo para poder simular solvencia económica.
En cuanto eran recogidos a su llegada a España, les informaban que por el desplazamiento habían contraído una deuda económica de hasta 4.600 euros, que debían saldar realizando trabajando en plantaciones interiores de marihuana.
A partir de ahí, estas víctimas comenzaban a ser explotadas en las múltiples plantaciones de marihuana, controladas en todo momento por miembros de la organización, algunos de los cuales incluso portaban armas de fuego, no dudando en utilizar la violencia en caso de que las víctimas incumplieran las indicaciones del clan familiar.
Las víctimas eran obligadas a residir en las propias plantaciones, durmiendo en lugares que se encontraban en condiciones de insalubridad y sin libertad de movimiento, ya que en caso de que quisieran salir a comprar, enviar dinero, o cualquier otra gestión personal, debían pedir permiso e ir acompañados de algún miembro de la organización.
Clan familiar
La estructura criminal estaba liderada por un violento clan familiar cuyos principales responsables eran tres hermanos que se servían de colaboradores que se encontraban en terceros países de Latinoamérica o en España para captar potenciales víctimas en situación de necesidad.
Además, y con el fin de blanquear los beneficios económicos procedentes de las actividades delictivas, los principales responsables de la organización adquirían propiedades y regentaban diferentes comercios.
La investigación de la Policía Nacional comenzó el mes de mayo del pasado año, cuando una de las víctimas relató a la policía que había sido explotada en diversas plantaciones de marihuana, privada de su libertad, agredida y amenazada, hasta que finalmente pudo escapar de esa situación, por parte de una red criminal asentada en la localidad de Castellbisbal (Barcelona).
Los Mossos d'Esquadra, por su parte, comenzaron su investigación cuando una empresa suministradora de luz y gas de la localidad de Rubí (Barcelona) observó en tres fincas un elevado consumo eléctrico que podría ser propio de instalaciones dedicadas al cultivo clandestino de marihuana.
Durante la operación, se practicaron 35 entradas y registros -34 en Barcelona y uno en Castellón-, donde los investigadores intervinieron tres armas de fuego, una pistola de gas y gel, un rifle de perdigones, 11.007 plantas de marihuana, 8.381 kilogramos de cogollos, 6.021 kilogramos de marihuana, 614,55 kilos de cocaína, 50.004 euros en efectivo, cinco vehículos, 168 gallos de pelea, varios teléfonos móviles, diferentes efectos informáticos, diversas joyas y objetos de valor.
La investigación continúa abierta y no se descarta llevar a cabo más detenciones.
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