El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló denuncia la deslealtad del PP al no respetar las decisiones de la FEM

Ejecutiva provincial del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha denunciado mediante una resolución la deslealtad del Partido Popular al no respetar las decisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la iniciativa se alude a la "descarada y sectaria apropiación" que el PP ha hecho del municipalismo, mediante la deslegitimación de su verdadera representante —la FEMP— y su intento de sustitución por la voz interesada de una minoría muy escasa de grandes municipios.

En la propuesta, que fue presentada y defendida por el vicesecretario de la ejecutiva provincial y presidente de la Diputación de Castelló, José Martí, se recuerda que el grupo socialista en la FEMP representa el 65% de todo el municipalismo estatal: 3.200 municipios, 21 diputaciones, 3.200 alcaldes y alcaldesas y 22.500 concejales y concejalas. "Si en la junta de gobierno de la FEMP no se refleja esta clara mayoría, es porque en aras del consenso y de la pluralidad se cedió participación a otras formaciones políticas", remarcó Martí.

Así mismo, se manifestó el apoyo a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de dejar en suspenso las reglas fiscales y, en consecuencia, dejar sin efectos los objetivos de estabilidad y deuda publica 2020-2021, lo que comportará para las entidades locales: la no aplicación de la regla de gasto, la no obligación de destinar el superávit a amortizar deuda, la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería para la reconstrucción social y que los objetivos de estabilidad presupuestaria ya no sean un límite a las inversiones financieramente sostenibles (IFS).

La resolución muestra también la satisfacción ante la intención del gobierno socialista de dejar en suspenso los Planes Económicos Financieros (PEF) que tan gravemente lastraban las políticas municipales y que, a partir de su suspensión, no será obligatorio destinar el superávit a amortizar deuda o a inversiones financieramente sostenibles.

Finalmente, la propuesta insta al gobierno y a la FEMP a que continúen las negociaciones para conseguir un fondo incondicionado de 5.000 millones para todas las entidades locales, incluidas las diputaciones. "Entendemos que es irrenunciable la demanda de los municipios pequeños y medianos para que el criterio de distribución de este fondo no sea exclusivamente poblacional y que contenga medidas correctoras que discriminan positivamente en los municipios no tan densamente poblados", concluyó Martí.