El senador Carles Mulet pregunta al Gobierno sobre el parque solar fotovoltaico a instalar en Segorbe

Carles Mulet, senador

El Senador Carles Mulet, designado por las Cortes Valencianas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal ha presentado una propuesta al Ministerio de Política Territorial en la que incide sobre el impacto que produciría el “Parque Solar Fotovoltaico Valentia Edetanotum FV8 de 210 MWp / 210 MWn, y su infraestructura de evacuación” a instalar principalmente en el término municipal de Segorbe.

Mulet explica que el citado proyecto “está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria” y que no tiene en cuenta el informe impacto ambiental que rodea uno de los Árboles Monumentales más emblemáticos de la Comunidad Valenciana como es la denominada Olivera milenaria La Morruda, además de que la actuación “se encuentra en zonas prioritarias ZEPA y zonas afectadas por el PORN de la Sierra Calderona en el caso de Segorbe.

Dice el senador que “según el artículo 5 de la Ley 21/2013, el documento elaborado por el promotor que acompaña al proyecto e identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del proyecto, así como la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el obligatorio análisis de los probables efectos adversos significativos en el medio ambiente en caso de ocurrencia. También analiza las diversas alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables, y determina las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente”. Pero he aquí, según Mulet que “la promotora no ha facilitado alternativas viables” y que además “técnicamente no puede ocupar suelo de muy elevada capacidad agrológica, ni zonas protegidas, por lo que el estudio de impacto ambiental elaborado no debería considerarse válido”.

Con todo ello el político castellonense pregunta si ¿se van a tener en cuenta las alegaciones que han sido presentadas en tiempo y forma, asociaciones, movimientos ciudadanos y de más entidades de la sociedad civil valenciana?. También cuestiona si “¿es normal evaluar proyectos que son inviables, desde el punto de vista de la ordenación territorial, es decir, se puede evaluar favorablemente proyectos desde un punto de vista medioambiental cuando dichos proyectos vulneran la normativa aplicable de ordenación del territorio y urbanismo, y por tanto en realidad su realización es imposible?”.

Igualmente solicita respuesta sobre si “¿se van a tener en cuenta y de qué manera los informes realizados por los departamentos autonómicos competentes en materia de medioambiente, medio natural, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje y infraestructura verde, patrimonio, entre otros, que son competencias propias del Gobierno Valenciano”.

En caso afirmativo, cuestiona si algunos de estos informes es desfavorables a la actuación para la cual se pretende la autorización estatal, “¿qué medidas va implementar el gobierno español para no vulnerar las competencias autonómicas y cómo piensa justificar ese criterio contradictorio al criterio de las autoridades autonómicas competentes en estas materias?”.