El concejal socialista denuncia que "se ha superado con mucho la crítica política, optando por el desprestigio personal, llenando calles de Castelló con pósters (con la firma de Nuevas Generaciones) con mi cara y sueldo". "El señor Toledo y la señora España, ambos concejales del Partido Popular, no han tenido reparo en imputarme públicamente la comisión de un delito, y por eso interpongo un acto de conciliación para que cese la campaña de descrédito personal y reconozcan que mi actuación no es constitutiva de delito alguno", señala el concejal del Grupo Municipal Socialista.
En el escrito, el concejal de Juventud y Movilidad Sostenible detalla que en noviembre del 2020 promovió una campaña dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años a fin de que las 400 primeras personas en inscribirse a la misma pudieran beneficiarse de bonos de transporte público y Bicicas. Una iniciativa que se publicitó a través de varios canales informativos, incluidas redes sociales, y en el Consejo de la Juventud, y para la que solicitó un bono de recuerdo, al ser la primera campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento para promocionar el transporte público entre los y las jóvenes de Castelló. "Un bono que nunca he utilizado, como así consta en un informe por escrito y así puede comprobarse, por lo que es falsa la acusación de que pedí la tarjeta para beneficiarme de ella; y un bono que no me autoconcedí, porque no existe la posibilidad de que el concejal decida quién se lleva una tarjeta y quién no", explica Ribes.
"En el pleno del Ayuntamiento de Castelló de diciembre, representantes del Grupo Municipal Popular me recriminaron haberme autoconcedido dicho bono, exigiendo explicaciones que presté de forma inmediata", insiste. "A partir de ese momento, y aun habiendo recibido explicaciones en el propio pleno, se comenzó una campaña de acoso diario hacia mi persona a través de diferentes medios, en la que tergiversaban los hechos y omitían las respuestas dadas en sede plenaria", argumenta el socialista.
En este sentido, Ribes insiste en que se ha justificado lo acaecido, documentando la legalidad de toda su actuación y habiéndola explicado por medio de canales oficiales y redes sociales, dando respuesta a todas las preguntas formuladas en comisiones e incluso ofreciendo una comparecencia voluntaria en el pleno del mes de enero, "pero nada de todo ello ha sido suficiente para parar el acoso personal iniciado, ni siquiera la advertencia de emprender acciones judiciales", lamenta Ribes.